La estadística es una rama de las matemáticas que te permite recopilar, organizar y analizar datos. España se encuentra en la Eurozona y debemos compararnos para saber cómo evolucionamos. Pero la comparación se debe hacer partiendo de datos y criterios homogéneos. Así, se habla de presión fiscal y de esfuerzo fiscal como si ambos términos fueran similares, y no significan lo mismo.
La presión fiscal es el porcentaje de los ingresos que los particulares y empresas aportan efectivamente al Estado, en concepto de tributos, en relación con el Producto Interior Bruto de un determinado territorio. Mientras, para obtener el esfuerzo fiscal, se tiene en cuenta el PIB per cápita de los contribuyentes de ese territorio. España tiene una presión fiscal por debajo de la media de la UE (37,5% frente al 41,3% medio, según Eurostat).
Pero el esfuerzo fiscal en España es mayor que la media de la Unión Europea (UE). Los ciudadanos españoles dedican una mayor parte de sus ingresos a pagar impuestos que los de otros países. El paro, la economía sumergida y, por consiguiente, el menor número de contribuyentes, son los motivos principales. A ello se suma que las cotizaciones sociales a cargo de la empresa están muy por encima de las existentes en la UE, lo que «resta competitividad y actúan como barrera de entrada a la incorporación de nuevos empleados». Ya en 2022, se han conseguido cifras históricas de recaudación. La inflación supuso que, vía IVA, los ingresos del Estado se incrementaran en más de 30.000 millones de euros.
 El aumento de salarios y pensiones, por poco que haya sido, ha supuesto, al no deflactar los tramos del IRPF, otro salto en la recaudación. Y todo indica que se va camino de aumentar ese esfuerzo. Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 prevén un incremento de ingresos del 23,4% respecto a 2019, mientras que el PIB se mantendrá sin crecimiento significativo respecto al citado año.
Y hay que pagar impuestos y debe pagar más el que más tenga. Pero ¿se está haciendo una política fiscal adecuada? En toda economía, cuando se está en crisis, aparte de los ingresos, se analizan que gastos superfluos se pueden eliminar. Se calcula que el Estado gasta más de 50.000 millones de euros que se podrían eliminar sin reducir la atención al ciudadano. ¿Creen ustedes que se eliminará alguno de estos gastos? Seguro que alguien les dirá que es 'el chocolate del loro', pero ¡vaya chocolate!