La sentencia firme del Tribunal Supremo por el ‘caso Gürtel’ tiene la curiosa virtud de conformar a tirios y a troyanos, a los que tratan de desprestigiar la sentencia de la Audiencia Nacional en la parte en la que se hacía alusión a la caja B para la financiación del Partido Popular porque el objeto del juicio no trataba de ese aspecto que se sustanciará en otro juicio pendiente, y a los que consideran probado que el PP ha sido condenado como partícipe a título lucrativo, y que este hecho es sintomático de un sistema de corrupción que ha quedado acreditado y que marcará los procesos que el PP tiene pendiente.
La derivada política de la sentencia del Tribunal Supremo para el PP es que al suprimir algunos párrafos de la sentencia de la Audiencia Nacional la moción de censura se basó en “fundamentos no acreditados” dado que “no puede afirmarse la autoría del partido como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular”. Sin embargo, la sentencia dice qué si bien “no es dable afirmar que el PP delinquiera, cuando no ha sido enjuiciado por responsabilidad penal en este proceso” también subraya que la Audiencia Nacional “contó con prueba de cargo válida y suficiente”, para concluir la existencia de una caja b en el PP, que manejaba Luis Bárcenas.
Si el Partido Popular de Pablo Casado quiere poner tierra de por medio con respecto a una época de su vida política marcada por la corrupción sistémica, de la que como poco fue partícipe a título lucrativo, como mantiene la sentencia y a la espera de las resoluciones de otros procesos que están en marcha -la caja b en toda su extensión- que lo pueden certificar, se equivoca, aunque no le queda más remedio que hacerlo, cuando utiliza la moviola para lamentar que las responsabilidades políticas de su partido se pagaron injustamente por actos cometidos por dirigentes del PP que ya no están en la primera línea política porque su programa interno se basa en la regeneración de su organización y el distanciamiento de todo aquello que llevó al PP a perder el poder.
Si los jueces del Supremo reconocen que se atribuía al PP un delito que no se enjuiciaba y que por tanto “no se puede afirmar una responsabilidad penal sin acusación o defensa” también apuntan que si el PP hubiese reintegrado el dinero que ha sido condenado a pagar antes del juicio, se habría extinguido su condena civil. Pero hacerlo así habría sido reconocer su culpabilidad por anticipado.
El PP ha obtenido una pequeña reparación judicial, pero las evidencias recogidas por los jueces instructores indican que la situación política de los dirigentes de un partido señalados por la corrupción era insostenible, como demuestra la cantidad de juicios pendientes sobre el mismo asunto.  En este punto se pueden deparar nuevas sorpresas si los condenados en esta primera fase del ‘caso Gürtel’ deciden ampliar sus declaraciones y mostrarse más colaborativos con la justicia para rebajar las penas en otros procesos en los que se encuentran inculpados.
Para el PSOE y el resto de los partidos del bloque de la investidura que procede del que hizo triunfar la moción de censura, la sentencia del Supremo viene a confirmar lo mollar, que el PP se lucró de las actividades de su tesorero y que existen indicios suficientes de la existencia de la caja b del PP.