El Gobierno sigue empeñado en molernos a impuestos. Cualquier excusa es buena, pero ahora se ha buscado dos. Por un lado, el Plan de Reestructuración enviado a Bruselas y, por otro, el informe que el próximo mes presentará el comité de expertos fiscalistas propuesto "ad hoc" y del que en los últimos días se han descolgado dos por las maniobras de la ministra Montero. El sablazo tiene varios nombres. En primer lugar, los impuestos llamados verdes que son los que gravan los carburantes (diésel y gasolina), los plásticos y la nueva tasa a los billetes de avión. En segundo lugar, los que gravan el patrimonio, más Sucesiones, Donaciones y Sociedades. Toda una batería de tributos que harán la vida más difícil a millones de ciudadanos y no a los ricos como nos han venido vendiendo desde el gobierno. El palo es de miles de millones. La excusa, acercarnos a la tributación de los países de nuestro entorno como si los sueldos y los precios fueran equiparables.

Lo cierto es que, por los expertos o por Bruselas, la subida va a llegar en un momento muy delicado para la economía española. La semana pasada conocimos las previsiones de dos entidades prestigiosas, BBVA y Funcas, y las dos coincidían en que el PIB crecerá este año en torno al 5% por lo que no lograremos recuperarnos hasta bien entrado el 2023. La inflación está disparada y lo seguirá estando muchos meses aún. No parece, por tanto, el mejor momento para subir brutalmente los impuestos, tampoco las cotizaciones sociales, mucho más si tenemos presente que la tasa de paro dobla la de la media de los países de la eurozona y que así va a seguir este año y el que viene.

Hay, además, en la subida de los impuestos directos un deseo de torcer el brazo a comunidades autónomas gobernadas por el PP, especialmente Madrid, que han hecho de la bajada de impuestos su seña de identidad y que han demostrado que bajando impuestos se recauda más y la economía en general va mejor. Es un enfrentamiento tan absurdo que pretenden castigar a los territorios o a los políticos que los dirigen, cuando los que pagan son los ciudadanos pobres o ricos, de clase media o vulnerables, autónomos o trabajadores por cuenta ajena. Veremos en qué queda y cómo se articula toda esta reforma fiscal. Pero, una vez más, queda claro que el Gobierno no está dispuesto a recortar gasto, ni siquiera a dar una señal reduciendo ministerios, subvenciones, propaganda o gasto superfluo. Para esto no han montado un comité de expertos, aunque pensándolo bien no hace falta, porque en esa materia tienen sentado en la mesa del Consejo de Ministros al mayor experto, al menos lo era cuando presidía la AIReF. Se le habrá olvidado.