Tras las explicaciones del ministro Grande-Marlaska la semana pasada en sede parlamentaria, poco o nada convincentes, ahora Interior ha tenido que reconocer que el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid no se debió a una mera reestructuración de equipos, sino que fue simple y llanamente una purga, una destitución fulminante por su negativa a facilitar información de las investigaciones en curso sobre la autorización de las concentraciones del 8M.
El ministro sabe perfectamente que cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan en calidad de Policía Judicial dependen únicamente de los jueces. En consecuencia, no están obligados a reportar de sus pesquisas a ninguna otra autoridad, ni siquiera al titular de Interior. Fernando Grande-Marlaska es magistrado, presidió nada menos que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y tiene a su espaldas una carrera notable como juez instructor, de forma que la intromisión como ministro donde sabe que no le corresponde y la posterior destitución de un alto mando por cumplir con la legalidad no tiene justificación alguna en democracias donde la división de poderes es uno de los pilares del Estado de Derecho.
Es evidente que el ministro ha llevado a cabo una reorganización de la cúpula del Instituto Armado, pero no por necesidades del servicio ni porque los responsables de la Guardia Civil estuvieran haciendo mal su trabajo, sino precisamente por estar haciéndolo bien y porque tal vez a raíz de esas investigaciones la juez Carmen Rodríguez-Medel pueda deducir irresponsabilidad del delegado del Gobierno en Madrid al autorizar una concentración multitudinaria.
Sea como fuere, lo más grave de todo lo sucedido en torno a este asunto es que Grande-Marlaska mintió en su comparecencia del pasado viernes ante el Senado, cuando llegó a decir que ni él «ni nadie del Ministerio ni de la Dirección General de la Guardia Civil ha reclamado al coronel Diego Pérez de los Cobos ni el informe ni el acceso al contenido del informe». Ahora que una nota reservada firmada por la directora general de la Benemérita le ha dejado en evidencia, intenta, con nuevas argucias, eludir su responsabilidad en unos hechos sonrojantes.
Asociaciones de jueces y los partidos del centro y la derecha -Cs, PP y Vox- han pedido la dimisión del ministro. Él descarta dimitir y, de momento, cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez. La deriva que está cogiendo el caso supone un lastre para la acción de Gobierno, que ha visto cómo su anuncio del Ingreso Mínimo Vital está siendo relegado por decisiones que erosionan la democracia.