Todos los que han advertido en los últimos meses del riesgo evidente de que el gobierno de izquierda y ultraizquierda se despeñara por la pendiente bolivariana han tenido esta semana una satisfacción moral. Sus advertencias no eran en vano. La sorna y el cachondeo al que fueron sometidos mientras advertían de que esto iba a pasar quedan retratadas por la cruda realidad: un gobierno autonómico gobernado por socialistas y radicales expropiará las viviendas que llevan más de dos años vacías para convertirlas en alquiler social para personas desfavorecidas. El paso que faltaba para abrir los ojos a quienes aún tenían dudas del camino hacia el que se dirige nuestro país, está dado. No son necesarias más pruebas ni juicios de intenciones, porque ya estamos ante hechos y realidades. Sólo resta comprobar cuándo y cómo se llevará una medida similar al Congreso de los Diputados.

La presidenta de Baleares ignora las demandas de sus ciudadanos, sus empresarios y sus autónomos para ayudarles en la peor crisis que les sacude desde hace décadas, en la ruina a la que les han llevado. Pero sí tiene tiempo para poner en marcha las exigencias de sus socios de gobierno, contrarias a la defensa de la propiedad privada y al ideario que su propio partido ha defendido desde la instauración de la democracia, principios a los que está renunciando por el mero objetivo de permanecer en el poder. Si hace tres años nos dicen que un gobierno liderado por el PSOE va a expropiar bienes particulares, no habríamos dado crédito.

Llegados a este punto en que se ha abierto la espita de la incautación de propiedades, conviene averiguar quiénes son los primeros afectados por esta medida que nos devuelve al feudalismo medieval, en el que el señor disponía de todas las propiedades de sus vasallos. Se nos dice desde la propaganda gubernamental que sólo los “grandes tenedores” de inmuebles se verán afectados por las expropiaciones benefactoras. Un gran tenedor, para estos aprendices totalitarios, es una persona física o jurídica que es propietaria de diez viviendas o más, y sólo ellos serán víctimas del atropello según la legislación bolivariana aprobada en el parlamento. Cierto. Por ahora. Sólo es el primer paso, porque las tentaciones intervencionistas se dispararán con el incuestionable éxito de este robo gubernamental y el próximo puede ser usted, que sólo ocupa su segunda residencia en el campo o la playa durante unas cuantas semanas al año. O usted, que se sacrificó durante toda su vida para adquirir sus propiedades inmobiliarias, les da el uso que le viene en gana darles, y ahora se ve amenazado de estatalización y de perder, en aras a una ideología extremista y excluyente, todo aquello que construyó durante años. Aunque no lo sepa, usted es el próximo “tenedor” contra el que dirigirán su legislación, después de haberle estigmatizado en sus campañas por la justicia social.