Numerosos reportajes en todos los medios de comunicación recogían las quejas de los trabajadores que tenían que acudir a sus puestos de trabajo sin posibilidad de cumplir las exigencias de distanciamiento social, sin la protección adecuada y que manifestaban su preocupación por la posibilidad de llegar infectados por el coronavirus a sus domicilios. Con el cese obligatorio de las actividades, las quejas y protestas proceden de las organizaciones empresariales que consideran que con la medida adoptada por un plazo de quince días, el Gobierno profundizará la crisis económica causada por la crisis sanitaria.
Con el cese de todas las actividades no esenciales se pide a las empresas y autónomos un esfuerzo y sacrificio que sus trabajadores ya han comenzado a realizar. Es la hora de que los empresarios confirmen que, en efecto, lo que más les importa es el equipo humano con el que cuentan, que comprenden que se trata de una situación excepcional, temporal, que es un paréntesis, que sin duda afectará a su cuenta de resultados pero que se podrá remontar a corto y medio plazo.
El recuerdo de lo sucedido tras la crisis de 2008 no debe echarse en saco roto y como fueron los trabajadores los verdaderos paganos de la crisis.Diez años después según los daos de Contabilidad Nacional,los salarios no habían crecido ni un uno por ciento mientras que los beneficios empresariales lo hicieron en un 11% tras descontar los salarios y las cotizaciones sociales, en un contexto en el que el P.IB ha sido el que más ha crecido de la Eurozona en los últimos años. Todavía la contribución a las arcas públicas de las grandes empresas es aproximadamente la mitad de lo que aportaban antes de la crisis.
Es cierto que no todas las empresas tiene la misma fortaleza para aguantar quince días el parón de su actividad, que pueden perder ventajas competitivas y mercado exterior, pero la salud de los trabajadores es un bien superior que es preciso preservar. El escudo social establecido por el gobierno con el que pretende que “nadie se quede atrás” ha ido acompañado de medidas de apoyo a las empresas mediante la movilización de 200.000 millones de euros, sin descartar que se puedan arbitrar más medidas, sobre todo con el concurso de la UE. Sin embargo, tampoco hay que olvidar que si el Gobierno ha optado por encarecer el despido es debido a la existencia de empresarios que comenzaban a utilizar la crisis sanitaria para despedir sin acogerse a los ERTE, o que los servicios públicos de empleo han comenzado a observar abusos e intentos de fraude por parte de algunos empresarios.
La petición de algunos presidentes autonómicos para que el Gobierno dejara a su discreción la fijación de las actividades no esenciales habría supuesto concederles ventajas competitivas para sus empresas en detrimento de las de otras regiones y no se cumpliría con el objetivo de favorecer el confinamiento.
Como ha afirmado el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, es “mejor pecar por exceso que por defecto”, cuando defendía la posición del presidente de Murcia cuando pedía cerrar la región, porque “es preferible prevenir que tener que curar”. Y en cualquier caso el artículo 128 de la Constitución establece que toda la riqueza del país “está subordinada al interés general”. Casado, sin embargo, desde una posición de lealtad, vuelve a pedir que se aplique el programa económico del PP, de rebaja de impuestos.