Con frecuencia escuchamos que la monarquía es la institución que cohesiona, estabiliza y representa estupendamente a la sociedad española. Los últimos escándalos que la afectan, evidenciados estos días con la censura ‘de facto’ hecha por la Casa Real a los tejemanejes del rey emérito, cuestionan tales afirmaciones, añadiendo más plomo al lastre que en sus alas arrastra la familia Borbón.
Conservo una buena enciclopedia y acudo a ella con frecuencia. En el confinamiento he revisado la voz ‘Borbón’.  Desde que se asentaron en España tras la guerra de Sucesión (1701-1713) han sido once, una de ellos soberana, quienes han ostentado nuestra corona y pocos de ellos terminaron sus reinados con bien. Felipe V, abdicó deprimido. Luis I, murió víctima de la viruela a los ocho meses de reinar. Fernando VI falleció enloquecido, agresivo y desnutrido. Carlos III, el reformador, tuvo un desenlace natural a los setenta y dos años en Madrid. Carlos IV, exiliado en Nápoles tras la guerra de la Independencia. Fernando VII, el felón, denostado en su último lecho, acumulando méritos para ser considerado uno de nuestros peores reyes y abocando al país a las guerras carlistas. Isabel II exiliada en París tras la Revolución de 1868. Alfonso XII, muerto por tuberculosis con veintisiete años. Alfonso XIII, exiliado en Roma tras abandonar el país al proclamarse la II República, a cuyo advenimiento contribuyó con el rosario de escándalos que protagonizó. A Juan Carlos I, cuestionado cada día más, alguno de sus notables cortesanos ya le ha sugerido la salida de España como honrosa retirada a su diligente y lucrativa campechanía. Y, Felipe VI…
Juzgar todo un reinado por su último minuto es, evidentemente, simplificar mucho el devenir de sus protagonistas, pero estos epílogos contrastan con la  edulcorada imagen que los cuentos reales del cuché nos han trasladado durante  décadas. En estos momentos, el Parlamento está obligado, sin cortapisas, a investigar cuanto sea preciso sobre el patrimonio y andanzas del padre del actual monarca. Y si acaso el asunto llega hasta los tribunales, considérese que la inviolabilidad constitucional hacia el anterior jefe del Estado no sirva de excusa para ocultar cualquier acción, intermediación o encomienda realizada por él a favor de su particular peculio o de sus estrechas amistades.