Lo que era una seña de identidad de Castilla-La Mancha en materia de regeneración política, como era la limitación de mandatos del presidente de la Junta a ocho años, cambiará el lunes en las Cortes regionales con una Proposición No de Ley conjunta de los dos partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, sin que ninguna de las formaciones hayan aportado los argumentos para una reforma de ese calado. Llama la atención que este tipo de medida que enerva a la sociedad haya sido acometida de puntillas sin ni siquiera referencias en la campaña electoral celebrada solo hace unos meses.
Esta limitación viene determinada en dos momentos, cuando en el Estatuto, en su artículo 13, que fue reformado en 1987, se recoge la obligatoriedad de poner límites; y luego después en una Ley Orgánica de 2003 se desarrolla y se cuantifica a los ochos años. Esta iniciativa fue motivada por el descontento social con la clase gobernante y por los múltiples casos de corrupción que han asolado la política española durante la última década. En la argumentación de la ley que se debatirá en las Cortes es cierto que se señala que la normativa castellano-manchega no está sustentada por una ley superior e incluso podría considerarse anticonstitucional por la limitación que se hace al sufragio pasivo. También es cierto que esta norma es más propia de los regímenes presidencialistas pero no así de las democracias parlamentarias, mayoritarias en Europa.
Sin embargo, desde hace unos años el debate de la regeneración política con este tipo de topes en la permanencia de un gobierno era visto con buenos ojos, incluso algunos parlamentos, como el catalán, la incorporaron y en otros están en estudio. Ciudadanos lo planteó también en el Congreso de los Diputados allá por 2017 y tampoco es ajena esta tendencia en el contexto europeo, donde se debatió la limitación de los titulares de las funciones públicas, lo que incluía no solo a cargos del Ejecutivo sino también a los miembros de los parlamentos.
Al igual que en su día no tuvo que aprobarse el recorte y supresión de los sueldos a los parlamentarios regionales, que también se recuperará el lunes, esta iniciativa en cambio responde a estrategias de los partidos más que a una vocación clara de servicio público durante un periodo concreto y determinado.
Ciudadanos ya ha adelantado que no apoyará esta iniciativa y se abstendrá en una posición de indefinición que le aleja de los postulados de su formación nacional. Resulta también llamativo que sean este tipo de proyectos los que se lleven a sede parlamentaria al principio de la legislatura frente a otros de capital importancia como el agua, donde los partidos siguen sin encontrar un consenso tan necesario como obligatorio para posicionarse ante el Ejecutivo central con una única voz.