Era bastante previsible que bodegas y cooperativas del país acudieran a la destilación víninica en medio del tsunami. Era bastante evidente que los dos millones de hectolitros se iban a quedar cortos, (aun no entiendo por qué no subieron más el listón, conociendo los históricos alcoholeros de los años de grandes excedentes). Y era lógico que la mayor parte del volumen reclamado viniera de la tierra con más viñas, con más cooperativas y destilerías como es Castilla -La Mancha.
Frente a los 3,3 millones de hectolitros en el conjunto del país, (1 millón vinos con DO, y 2,3 resto de vinos), será ahora al FEGA quien plantee una quita en los contratos subvencionados. Además, hay casi otro millón de hectolitros de embotellados que se aparcarán temporalmente, (0,7 mill en nuestra región), y quien sabe si unas 6.000 hectáreas dispuestas a vendimiarse en verde, antes de que madure y engorde la uva de unas viñas que se preparan para el ordeño de agosto, septiembre, y ya veremos si también los primeros días de octubre. Nadie se atreve a hacer un cálculo pero no parece que venga corta la cosa.
   Con las tres medidas extraordinarias en marcha, -mañana se pueden realizar entregas a la alcoholera- la esperanza de todos es cruzar de puntillas el destrozo de la economía sin más sobresaltos para iniciar la post-cosecha con unos precios en orden, asumibles, aunque hubiera que retener en los depósitos por más tiempo el vino y el mosto hasta que escampe la tormenta. Esta es la preocupación. No tanto este año sino el siguiente, aunque haya datos preocupantes como la pérdida de un 13 por ciento del ritmo exportador en el peor mes de la pandemia, el de abril.
   De hecho la FEV, la patronal bodeguera del país dice que la práctica totalidad de la industria acumula pérdidas en su facturación del 65 por ciento de media, en algunos casos más, por el cierre del canal Horeca que ahora intenta recuperar su nueva normalidad.
   Para la reconstrucción, el sector vitivinícola en su conjunto se va a gastar 90,5 millones de euros ‘de su dinero’ para corregir el grave desequilibrio provocado por el coronavirus, aunque espera con urgencia la respuesta de Bruselas para poder modificar las partidas del programa de apoyo al vino (PASVE) del año siguiente. Al final, es la única herramienta para redirigir partidas presupuestarias que muy probablemente ya no se gastarán como antes si hablamos de una reestructuración, seguramente más en el aire que nunca por el esfuerzo inversor que requiere, de unas inversiones que veremos a ver cómo se mueven a partir de este momento, de una línea de promoción que sin embargo será muy necesaria para estimular los consumos, y de una subvención para eliminar subproductos que seguirá jugando un papel estratégico.
   Los cuatro ejes de PASVE suman cada año 210 millones de euros dentro de un programa que de momento cuenta con prórroga. Durante la misma, el sector tiene un bastón de apoyo para encontrar soluciones a la crisis. Después se topará con la PAC reformada que, de no negociarse bien, vendrá con recortes para el vino. Y más allá de todo eso, un artículo 167 de la OCM única que ya prevé estas regulaciones por Decreto, sin presupuesto, y por imposición cuando vengan curvas.
  Es el momento de estudiar salidas para que la viña gane presencia en las negociaciones de la futura Política Agrícola Común, de ser imaginativos con propuestas verdes para ese New Green Deal y convencer a Bruselas del papel medioambiental y social del cultivo. Estamos ante un examen en toda regla, al igual que los futuros universitarios con su próxima EvAU.