Estamos todos interesados, dedicados y ocupados en cómo paliar las consecuencias de la progresiva despoblación en España. Vemos perder población humana mientras que el censo de animales de compañía casi se ha duplicado en los últimos cinco años. Su población está cifrada en más de 13 millones y hay muchos más de ellos en los hogares de nuestro país que niños menores de 16 años.  El mayor porcentaje lo representan los perros, el 93%, después los gatos, el 6%, y en el resto encontramos desde hámsteres, periquitos, tortugas y peces a cerdos vietnamitas.
El Convenio Europeo sobre protección de los animales de compañía, hecho en Estrasburgo en 1987 y ratificado por España en 2017, acepta que el hombre tiene la obligación moral de respetar a todas las criaturas vivas y que le une una relación muy especial con los animales de compañía. Por eso los define como todo aquel que sea tenido por el hombre, en particular en su propia vivienda, para que le sirva de esparcimiento y le haga compañía.
Ahora nos empeñamos en llamarlos a todos afectuosamente mascotas, término que evoca a los talismanes o amuletos que propician buena suerte y beneficio a quien los posee, pero que los desdibuja en un conjunto uniforme que dificulta que se llegue a comprender que cada especie tiene necesidades y capacidades distintas que se deben conocer y respetar. Por extraño que nos parezca, cuidar a un animal tan bien como si fuera un niño o alguien de la familia puede suponer maltrato y sufrimiento, puesto que les forzamos a comportarse como un humano haciéndoles perder su identidad y provocándoles frustración, inseguridad y ansiedad. Nos ayuda un poco la industria y la publicidad que nos ofrecen para ellos toda clase de accesorios, productos de higiene y belleza, alimentos ecológicos, ropa de diseño, películas, mobiliario, hoteles y cementerios.
Acompañan y dan buena suerte pero también son objeto de comercio y fuente de negocio. El Parlamento europeo aprobó una resolución la semana pasada sobre la protección del mercado interior y los derechos de los consumidores europeos frente a las consecuencias negativas del comercio ilegal de animales de compañía. Examina pruebas que confirman el aumento del comercio ilegal de perros y gatos que genera muchos beneficios pero que afecta negativamente a la rentabilidad del sector de su cría legal. Las diferencias legislativas en materia de bienestar favorecen que, para reducir costes, los animales no se traten de manera adecuada con consecuencias graves para su bienestar, su conducta y su salud, poniéndose en riesgo también la humana al facilitarse la trasmisión de la rabia o la propagación del Echinococcus multilocularis (quiste hidatídico).
Por tanto, propone armonizar un sistema obligatorio europeo de identificación electrónico que, conectando todas las bases censales nacionales, permita controlar el comercio ilegal. En España seguimos sin base nacional que permita la trazabilidad de un perro porque cada región tiene su registro y sus normas.