¿Tienen las madres y padres libertad para decidir qué contenidos educativos deben recibir sus hijos en la escuela pública? Digamos que sí, que tienen la que les garantiza la Constitución española y las leyes educativas, las mismas que están obligados a acatar, incluida la materia curricular legalmente establecida. Pero el debate y la cruzada reaccionaria y anticonstitucional está servida. Hay que reconocer que estos retrógrados y machistas de VOX son muy retorcidos. El ‘pin parental’, que es una herramienta digital que nos ayuda a los padres y madres a prevenir una adecuada navegación por internet de nuestros hijos y un buen uso de las nuevas tecnologías acorde a su edad y maduración emocional; está siendo utilizado como una herramienta de presión y ataque a los valores constitucionales de la escuela pública, en una campaña sucia, llegando incluso a denunciar ante los tribunales a un profesor de instituto en Córdoba, por tratar en clase el problema de la violencia de género, con un vídeo de Ana Orantes, la primera mujer que denunció en televisión una vida llena de malos tratos y que posteriormente fue asesinada por su exmarido.  Lo inexplicable de este caso, es que un juez haya admitido esta denuncia y este profesor haya tenido que ir a declarar. Un disparate que no tendrá ningún recorrido judicial pero alimenta sus campañas mediáticas e intimida a los docentes.
Estos padres y madres están en contra de que sus hijos e hijas reciban una educación para la igualdad de género, contra la violencia machista, la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas del cuidado, la lucha contra el cambio climático, la libertad afectivo – sexual o el respeto a la diversidad cultural. Proponen que la dirección del centro educativo, les informe previamente con autorización expresa, de cualquier actividad que según ellos afecte a «cuestiones morales o sexuales controvertidas». Ellos se reservarán la libertad para decidir si sus hijos acuden a esa actividad programa o no. Vamos, que se reservan la libertad para intervenir, violentar e impedir la educación en igualdad de sus hijos e hijas en el ámbito escolar. Son los padres y madres que antes utilizaban organizaciones fundamentalistas católicas, se camuflaban en el ala ultra del PP o trasladaban su mensaje en homilías dominicales, como las del  arzobispo Cañizares en nuestra región. Aquellos que recogieron firmas para eliminar la asignatura ‘educación para la ciudadanía’ o presionaron para que el gobierno de Barreda en Castilla-La Mancha, retirara de todos los colegios públicos una Guía de Coeducación promovida por la propia Junta de Comunidades, porque según ellos «incitaba al lesbianismo y la masturbación». Ahora, además del control y poder sobre algunos ámbitos educativos, han llegado a las instituciones y pretenden que se regule este despropósito del pin parental. Las familias no podemos permitir que la educación en igualdad sea cuestionada o un foco de conflicto en la escuela. Y no, no tienen libertad para retroceder en derechos y libertades. Es algo que nuestra democracia no puede permitirse ni permitirles. La educación pública es un derecho de los niños y niñas y no un instrumento doctrinario y político de los padres.