Mientras se redactaba la Ley contra el enaltecimiento del franquismo, el Congreso dio el primer paso para que el enaltecimiento del terrorismo no fuera delito en virtud de la libertad de expresión. Esta arbitrariedad ha provocado por una parte que se toleren los homenajes a los asesinos de ETA y por otra que se monte una campaña de expurgo con actuaciones necias como en Sevilla donde se quitó el nombre de General Merry a una calle, sin saber que el militar en cuestión era un héroe de la Guerra de Cuba. El Ayuntamiento de Cáceres quitó una placa, que homenajeaba a los conquistadores del siglo XVI porque creían que el escudo de los Reyes Católicos era un símbolo franquista. En Alicante pretendieron eliminar la calle Luceros porque «hace honor a una estrofa del Cara al Sol» y la Colau quitó su calle por ‘facha’ al Almirante Cervera del XIX, como podía hacerlo por ‘xenófobo’ con el Juan de Austria de Lepanto. Para redondear el cuadro, es sorprendente que se niegue reconocimiento al que en 1934 defendió a la República, y sí pueda honrarse a Francisco Largo que se había alzado contra ella.
Sobre la guerra civil y sus antecedentes, el Gobierno da por válida la versión de su Memoria, pero con el mismo derecho puedo usar la libre expresión de la mía para decir que, sin excluir otras causas concomitantes como el rechazo de los poderosos a perder sus privilegios, la guerra civil no fue una lucha entre fascistas y demócratas, sino entre los partidarios de la revolución comunista y quienes se resistieron a ella. Para validarlo acudo al más alto protagonista que fue Manuel Azaña, que escribió en sus Memorias: «Franco no se sublevó contra la República sino contra la chusma que se había apoderado de ella», y ante las matanzas del Frente Popular «No quiero ser presidente de una República de asesinos».
Al criticar a la Segunda República pueden acusarme de justificar a Franco, pero mi honradez mental no me permite hacer ni elogios ni condenas absolutas, pues los juicios en bloque no analíticos son la ‘summa injuria’. Para evitar malentendidos y reclamaciones dejo que sean los datos los que hablen por mí, puesto que el Gobierno no puede permitir que la realidad le estropee su novela, ignora las realidades si le resultan adversas, como que habiendo sido España en 1975 la 9ª potencia industrial del mundo con un índice de paro del 3,78%, seamos ahora la 14ª con un paro del 16,2%.  Dicho esto, dáseme una higa que la Inquisición venga a por mí, pues ¿qué respeto merece una opinión que impide expresar la contraria y castiga este ejercicio de libertad?
Tomo del catedrático de Filosofía Ignacio Sánchez Cámara que «a los gobiernos no les corresponde decidir lo que está bien o mal en el orden moral, ni lo que es verdadero en el ámbito científico, ni cómo han sucedido los hechos en el pasado».
Hay una regresión del sedicente progresismo volviendo la cabeza a diario para condenar al Franco de hace 80 años, -como podrían irse al XIX para enjuiciar al almirante Montojo por la pérdida de Cuba, degradar al general Silvestre por el desastre del Rif, y procesar a Fernando VII por la estafa de la escuadra comprada a los rusos-, pero soslayan la historia criminal tan cercana de ETA para no incomodar a sus socios.
El Gobierno quiere tapar una dictadura imponiendo otra. Para mí la Ley de la Memoria Democrática es la mayor aberración intelectual y moral de este Gobierno. Además y finalmente: ¿Estos que nos mienten a diario sobre el presente son los que van a contarnos la verdad de lo que sucedió en el pasado?