Max Weber define al Estado como «la institución que, en una colectividad dada, posee el monopolio de la violencia legítima». En una democracia 'plena' se da, como condición sine qua non la protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, naturalmente, del propio Estado de derecho, sin que ninguna libertad o derecho fundamental, esté por encima de los demás derechos y libertades, lo que se puede reducir a algo tan sencillo como que la libertad de cualquier ciudadano termina donde empieza la libertad de otro, siendo el Estado, mediante el uso de la 'violencia legitima' quién arbitra que dicha situación se respete y se mantenga. Y para que no se sobrepase el Estado en el uso de dicha 'violencia legitima' deben articularse reglas que permitan una escalada controlada de la violencia y de los medios a utilizar si la situación así lo requiere. Pero esto no implica que el ejercicio de la fuerza deba ser proporcional hasta el extremo que, por ejemplo, la policía deba responder ante una situación de violencia callejera, con los mismos medios con que esta violencia se manifiesta. Llama la atención que haya voces autorizadas dentro de algunos partidos políticos con responsabilidades dentro del Gobierno Central o de algunos autonómicos, que quieren limitar la respuesta de la policía ante situaciones de violencia callejera procurando que la policía 'no provoque' o que la respuesta ha de ser proporcional, como si se quisiera que el uso de las defensas (vulgarmente conocidas como porras) se debe hacer golpeando flojito.
En mi juventud, como otros muchos de mi generación, probé las porras de los grises y también las de la gendarmería francesa en alguna concentración de abril del 68 (en mayo ya estaba de vuelta en Madrid) y les puedo asegurar que los golpes de la policía 'democrática' francesa, eran tan duros o más que los de la policía de la dictadura franquista. Cualquier manifestación o concentración en la calle, se hace en el ejercicio del derecho a manifestarse del ciudadano, pero si deriva en un acto violento, o limita la libertad en el ejercicio de sus derechos de otros ciudadanos, el Estado debe actuar para asegurar la libertad del no violento.
Si algún ministro o ministra del Gobierno no lo entiende así y prefiere ser un anti-sistema, le caben dos opciones, intentar cargarse el Estado de Derecho (y confío en que no se le permita) o dimitir inmediatamente.