En la recta final de las negociaciones para diseñar el nuevo modelo de la PAC en España entre el Gobierno y las comunidades autónomas, el ministro de Agricultura cambia de marcha, da un volantazo a su discurso y desinfla las expectativas que él mismo generó antes del verano con el posible acuerdo político para cerrar el texto en otoño, con suerte este mes de octubre.
Vistas las presiones de algunos territorios como Andalucía por temer perder fondos, las exigencias de mayor ambición y valentía desde Castilla –La Mancha y Aragón, el objetivo ahora -más que votar nada- es lograr el máximo consenso.
En las últimas comparecencias en el Congreso de los Diputados y en el Senado, Luis Planas se reivindicó como el responsable último de la redacción del futuro Plan estratégico si no recibía el apoyo necesario para evitar retrasos injustificados en Bruselas. «Hay que presentarlo antes del 31 de diciembre para que se apruebe a lo largo del primer trimestre de 2022. Si la Comisión Europea no lo aprueba…, ¡aquí no cobra nadie!» llegó a advertir con rotundidad a sus señorías.
El pasado 11 de octubre, ante la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta reiteró la necesidad de contar con un mayor respaldo de los grupos solicitándoles incluso remar todos juntos para el mejor resultado. Esa tarde desveló que la fecha del siguiente intento con los consejeros sería el 21 de octubre 'para cerrar el Plan Estratégico de la PAC', como tituló el comunicado oficial del MAPA. Al final, todo sigue abierto.
Cierto es que la reunión del jueves pasado dejó algunas novedades que visualizan los progresos de estos meses en la configuración de los 'ecoesquemas', pagos redistributivos y otras fórmulas de reparto, pero la sorpresa vino con el anuncio, en rueda de prensa,  y antes de que empezara el encuentro por videoconferencia que a primeros de noviembre saldrá a información pública el primer borrador y que «el momento clave» será cuando la Comisión Europea dé su visto bueno.
De esta forma, y a una hora de conectar telemáticamente con los responsables autonómicos dejaba claro que no se aprobaba nada en el citado encuentro como sofocando algún conato de incendio que prendió esa mañana en una entrevista de TVE el propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, al adelantar que la Junta se opondría al acuerdo. Sin embargo, muy probablemente la decisión estaba tomada. Ante los periodistas sentenció que los trabajos de redacción se prolongarán hasta su entrega a Bruselas antes del 31 de diciembre de este año, zanjando y enterrando cualquier polémica.
Para entender el giro quizás haya que remontarse al resultado de la primera 'cumbre' del 14 de julio cuando también sorprendió la conclusión de aquel encuentro. Era evidente que después de demorarse la aprobación de los nuevos reglamentos comunitarios en los trílogos del Consejo, Comisión y Parlamento nadie contaba con un cierre de filas a la primera, pero tampoco que tras una maratoniana jornada, esa vez presencial en la sede de Atocha, con dos apariciones incluso del propio Ministro ante los medios de comunicación (una antes de arrancar, y otra por la tarde al finalizar), todo quedara en que habían acordado seguir trabajando sobre la base de la propuesta del Gobierno.
En cualquier caso, y en la recta final de las discusiones, desde Castilla-La Mancha la Consejería de Agricultura ve avances en la configuración de los programas medioambientales que ahora serán 7 con una opción adicional para los leñosos. Además, a largo plazo está la posibilidad de converger al 100 por cien en la equiparación de las ayudas; sería en 2019. Quizás también se acuerde en 2025 poner fecha de caducidad a los derechos históricos...
En el sector, la UPA comulgaría con la fórmula de doble umbral de ayudas para el pago redistributivo, aunque no con la ayuda lineal para las acopladas ganaderas. Asaja pide al Ministro que no vaya con prisas si ello conlleva perpetuar las injusticias que arrastran los agricultores de esta región con las últimas reformas. Y le animan a que se sume a la corriente de países europeos que ya han trasladado la necesidad de una prórroga para meditar bien las medidas que van a regir el destino de tantas familias productoras.