Editorial

Los inmigrantes rescatados mantienen su estatus de 'indeseados'

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La situación empieza a ser insoportable y las soluciones no llegan, al menos no a la velocidad y con el consenso lógicos. Unos países apuntan a otros con el dedo acusador, pero no hacen mucho más que los otros por resolver un problema que ya no es de fronteras, ni siquiera de legislación, sino de mera humanidad. Si se hiciera una encuesta sobre los rescates en el mar y la acogida de quienes huyen de países en conflicto o de la pobreza y la hambruna, seguramente la inmensa mayoría de los ciudadanos contestaría que es de ley atender sus necesidades básicas, su salud, su alimentación y su residencia, al menos mientras se resuelven los trámites para concretar su destino definitivo, sea este la deportación, la devolución a los lugares de origen o la admisión como refugiados con todos sus derechos. Al menos sería la respuesta de la gente de a pie, bastante más generosa y solidaria que los gobiernos y sus administraciones. Pero la solución no está en modo alguno en una encuesta o en la buena voluntad de las personas tomadas de una en una, aunque ya demostraran en anteriores ocasiones que están dispuestas a acondicionar espacios públicos en pueblos y ciudades, incluso a ceder puntualmente sus hogares para solventar un problema concreto. Puntualmente, también. 
La solución precisa de acuerdos al más alto nivel y exige que se cumplan los acuerdos de la Convención del Derecho del Mar y del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento marítimos. Italia, al igual que España y otros países del arco mediterráneo, ratificó esos acuerdos y debería cumplirlos, pero alega Salvini que una norma nacional no se lo permite y que no va a permitir en modo alguno ser el campamento internacional para los refugiados. Tampoco Malta deja que el Open Arms desembarque a los náufragos que recogió a bordo. Son los países más próximos los que tienen que responder al llamamiento, según la convención, pero no hay un organismo por encima de ellos que pueda obligarlos a cumplir esos acuerdos.
La Comisión Europea, por su parte, está apelando a la solidaridad de los Estados miembro, pero no encuentra receptividad y no tiene competencias para imponerla. En cuanto a España, parece no querer tocar ni de cerca ni de lejos esta nueva patata caliente, pese a las presiones de la ONG y a algunos ofrecimientos, como el que ayer hizo el alcalde de Cádiz al presidente en funciones abriendo su ciudad al atraque del barco y el desembarco de los inmigrantes. Así las cosas, el tiempo sigue corriendo, el ambiente y la moral a bordo se resquebrajan y algunos de los rescatados presentan problemas de salud. La humanidad no debería ser tan lenta, tan complicada y tan costosa, y menos ante una emergencia.