La crisis del coronavirus ha tenido importantes efectos sobre la actividad agraria poniendo en evidencia las fortalezas, pero también sus debilidades, dependencias, las necesidades de cambios en la política y las posibilidades que se abren a efectos de la comercialización de sus productos. En conjunto se podría hablar de una lección positiva, como un master sobre el terreno en política agraria. En la parte más negativa, el sector agrario y alimentario se ha encontrado con la fuerte dependencia de sus ventas a la restauración. Su cierre lo han pagado con caídas de precios y excedentes producciones de porcino-cochinillo, vacuno, ovino-lechales, caprino, bodegas o algunos quesos artesanos por el cierre también de los mercados locales o la caída del turismo interior.
Pero, al margen de los efectos negativos que se han tratado de corregir con ayudas directas, la pandemia ha tenido sobre el papel otros efectos positivos.
La crisis ha servido para poner en valor la actividad del campo, ha dado visibilidad a los agricultores y ganaderos al pie de sus explotaciones. En el marco de la Unión Europea, habría venido a reforzar la conveniencia de la Política Agrícola Común (PAC)en su objetivo de garantizar una seguridad alimentaria en volumen, calidad y precio, también por su papel en el mantenimiento del mundo rural, frente a quienes apuntan a la misma como una política cara por un presupuesto global que supone unos 100 euros por habitante y año. La garantía de disponer hasta en los momentos de mayor acaparamiento de un suministro suficiente para la población de 500 millones, es algo que no tiene precio y ahí ha estado el sector con la PAC como soporte.
Con los actuales vientos a favor de la actividad agraria como un sector estratégico, se podría pensar que los ministros lo tendrán menos difícil a la hora de mantener los recursos hasta 2027. Desafortunadamente, la reciente propuesta inicial comunitaria no ha ido por ahí al plantear un ajuste de fondos del  9% en los pagos directos, aunque sea inferior al 15% planteado en 2015.
El reconocimiento del papel estratégico de la actividad agraria para ofrecer una seguridad alimentaria, de entrada, estaría reñido con las últimas iniciativas comunitarias para limitar el uso de una serie de productos zoo y fitosanitarios o abonos en aras de la seguridad, que desembocarían en menos producciones con mayores costes. Pero además, ese reconocimiento estaría reñido con la política comunitaria de apertura de fronteras en volumen y precios bajos a productos de terceros países, en muchos casos obtenidos en base a unos sistemas menos exigentes que los productores comunitarios. Esta política supone un riesgo para el mantenimiento de las explotaciones que hoy han asegurado el abastecimiento alimentario. 
En este contexto, sorprende, por ser ahora actualidad en España, que Bruselas en un producto como la miel, se oponga radicalmente a que el consumidor sepa exactamente el país de origen. En una economía globalizada no se puede hablar de proteccionismo a ultranza y menos de autarquía, pero con esto de la crisis, se han puesto de manifiesto los riesgos que conlleva la dependencia de los canales largos, comenzando por las mascarillas chinas y la necesidad de ir a vías más cortas, nacionales o comunitarias, con menor dependencia y más producción propias. 
En lo que afecta más directamente a España, la crisis de 2008, el sector agrario y la industria alimentaria sacaron sus enseñanzas para hacer una clara apuesta por la exportación como alternativa al mercado interior. Desde esa fecha su crecimiento ha sido espectacular pasando de unos 20.000 a más de 50.000 millones de euros con unos incrementos anuales superiores al resto de los países comunitarios para colocarse en el cuarto lugar, solo por detrás de Alemania, Francia y Holanda. El sector ha ganado el reto de las exportaciones en volumen. Ahora tiene pendiente el precio de acuerdo con su calidad.
La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de lograr una diversificación en la oferta en el mercado interior para no tener una excesiva dependencia de un solo canal en la distribución. La pandemia ha dejado claro que existen otros. El confinamiento ha despertado un cambio en la forma de ofertar el campo sus producciones.
Con la crisis, también se han potenciado las ventas de proximidad. Se ha dado mayor valor a las producciones cercanas. Se ha disparado el comercio por internet. Las posibilidades de venta del E-comerce han sorprendido favorablemente a agricultores y ganaderos. Pero también han manifestado que en el sector se debe avanzar en el acercamiento de una forma más organizada de los productos hacia los consumidores con la eliminación de canales intermedios. Las cooperativas han encontrado el momento para potenciar su actividad en esa dirección, mientras la nueva situación ha dado lugar a nuevas estructuras nacidas de la urgencia que necesitan su consolidación con una mayor organización. El peligro está en el nacimiento de estructuras donde se oferten los productos desde la cercanía, pero en manos de operadores externos que no pasan de ser otros grupos de distribución con otra careta.
Finalmente, otro efecto positivo ha sido un mayor reconocimiento social hacia la actividad rentable de agricultores y ganaderos que tuvieron que suspender las movilizaciones en demanda de precios justos, pero que con el confinamiento tuvieron que aparcar unas demandas que siguen pendientes en las mesas de negociación aparcadas en el Ministerio de Agricultura.