Tenemos tan asumido y normalizado que la habitual actuación de este Gobierno se aleje tanto de los indubitados principios éticos y morales de probidad, decoro, prudencia, rectitud, lealtad, respeto, independencia, imparcialidad, veracidad, eficacia y dignidad en todas y cada una de sus actuaciones, manifestando una conducta recta, ejemplar y demostrando honestidad y buena fe en todos sus actos, que ante la posibilidad de que Sánchez ponga en marcha el procedimiento de indulto de los dirigentes independentistas condenados por sedición y malversación, pese al informe desfavorable del Tribunal Supremo y la Fiscalía, provocará, si acaso, un mínimo e insignificante descrédito del Gobierno, que será machaconamente matizado y blanqueado por los medios afectos al Régimen.
Es evidente que, pese a no ser vinculante el criterio contrario del Tribunal y la Fiscalía, cualquiera con un mínimo de decencia y escrúpulos, tomaría la decisión considerando que para que los independentistas sean indultados deben pedirlo y mostrar arrepentimiento por el delito cometido. El colmo de la traición es que un presidente del Gobierno de la España constitucional se atreva a vincular la sentencia del Tribunal Supremo y la consecuente aplicación de las leyes, con la venganza y la revancha. Solo un sátrapa puede ser capaz de atentar de esta manera contra el Estado de Derecho, por el único objetivo evidente de mantenerse en el poder.
Con esta peineta, con este corte de mangas a la legalidad, con esta indignante asociación de Justicia con venganza, si finalmente se perpetra el indulto, este pájaro dará otro paso decisivo para consumar la conversión del Estado de Derecho en la democracia orgánica y fraudulenta que pretenden, convirtiendo a España en una dictadura constitucional al más puro método bolivariano. El populismo se fundamenta en la persistente política de los caudillos que sacrifican el futuro de los ciudadanos a cambio de un presente efímero en el poder.
El Estado de Derecho es aquel en el que ningún ciudadano está por encima de la ley, donde tan importante como la participación en las decisiones, es la regulación y el respeto a los procesos de decisión y la defensa de la legalidad democrática. La Constitución de 1978 configuró una sociedad moderna basada en la democracia y el Estado de Derecho, donde los enfrentamientos y las discrepancias se resuelven en el parlamento y bajo el imperio de la ley. La legalidad democrática constituye el principal instrumento para garantizar la paz social, alejando de la confrontación y la crispación la defensa de los diferentes intereses. Esa sociedad democrática no puede vivir amenazada y chantajeada constantemente por los nacionalistas e independentistas, una caterva de bodoques burgueses que cuestionan sistemáticamente la legitimidad de las instituciones e incumplen impunemente las leyes, bajo el pretexto de preservar unos supuestos derechos y privilegios oligárquicos y medievales.