El escándalo del espionaje a dirigentes catalanes ha entrado en una espiral de enfrentamientos políticos que hace difícil pronosticar una salida al caso, si la situación se resuelve con alguna dimisión y si esta es justa o simplemente es la mera entrega de alguna cabeza, como la de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, para amortiguar el ruido. Todo ello, sin contar los flecos que conlleva el posible control a través del sistema Pegasus al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que coincide con dificultades en las relaciones con Marruecos y que puede tener repercusión en las relaciones con este país del Magreb, estratégico, con una función fundamental para controlar la emigración hacia el sur de Europa y en un momento en que está sufriendo en su frontera norte la guerra provocada por la invasión de Ucrania por Rusia.
En este tablero del que los comunes tienen poco conocimiento porque, evidentemente, hay cuestiones que nunca se hacen públicas, lo primero que nos ofrece esta crisis es un desgaste importante en los servicios secretos españoles, que quedan en el terreno de nadie, y una desconfianza de los socios de Gobierno y de quienes le apoyan en el Parlamento que puede llevar a provocar unas elecciones anticipadas, grieta que la oposición a la derecha, aunque se siente satisfecha de las explicaciones conocidas en la Comisión de Secretos Oficiales, aprovecha sin duda, máxime cuando las encuestas le enseñan al nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el camino a la Moncloa. Cada vez que hay un sondeo, a los partidos les surgen las prisas para llamar al voto, es la prioridad, desgraciada, por encima de velar por lo que les interesa, que resuelvan sus problemas, lo que se consigue con una mayor estabilidad, no con el griterío.
Mientras el Ejecutivo no tiene nada que decir, más allá de lo desvelado por la comisión parlamentaria, donde ha trascendido que en 18 casos hubo autorización judicial, pese a que los diputados tienen la obligación de no hablar de lo tratado, sus socios quieren que se depuren responsabilidades. Es un callejón sin salida. Poco se ha dicho, por cierto, del espionaje al que fueron sometidos en Cataluña periodistas e intelectuales contrarios a las posiciones separatistas. Las presiones fueron tremendas a quienes no apoyaban el proceso soberanista, solo hay que recurrir a las hemerotecas para ver cómo se encontraba la situación.
Recurriendo al aforismo de ¿cui prodest?, lo que hay que preguntarse es a quién beneficia todo esto y si, tras estos supuestos hechos, se van a blindar los derechos de los ciudadanos, algo complejo en un mundo digitalizado donde el mercado pone a disposición de cualquiera herramientas para controlar al de al lado, o todo terminará quedando como está. Esta sensación de que nadie avanza en marcar la dirección de lo que ha ocurrido y las medidas que se pueden adoptar, principalmente para evitar situaciones similares, está creando una gran inquietud, por si fuera poco lo que teníamos.