La actual política de los seguros agrarios acaba de cumplir los 40 años desde que en 1978 el Gobierno de UCD aprobara una iniciativa de Jaime Lamo de Espinosa como ministro de Agricultura para responder a las necesidades de aseguramiento del sector agrario y más concretamente para un tipo de cobertura pusiera fin a las mesas de la sequía que eran permanentes en aquellos años y que ya no es cosa de hoy.
Coincidiendo con este cuadragésimo aniversario, el seguro agrario experimentó en 2018 una cifra récord en el importe del capital contratado con más de 14.000 millones de euros, mientras se mantenían elevados los niveles de suscripción con 420.000 pólizas de 380.000 agricultores y ganaderos. Esta evolución al alza fundamentalmente del valor del capital asegurado, junto con una reducción de las ayudas públicas en los últimos años, se tradujo en un importante incremento de las primas a pagar por los agricultores y ganaderos. Los datos sobre contratación pusieron de manifiesto que el seguro agrario tal y como está estructurado en la actualidad es un producto de interés para el sector a pesar de su coste elevado, aunque, en muchos casos, las coberturas que se ofrecen por lo que se paga, no son suficientes. 
Al cabo de cuatro décadas de funcionamiento, todas las partes coinciden en la necesidad de dar una vuelta al seguro agrario para que dure otros 40 años más, pero con una mayor eficacia en el cumplimiento de los máximos objetivos para los que nació: garantizar rentas desde el equilibrio de intereses entre las partes y no como un simple instrumento de subsistencia cubriendo los costes de campaña ante un siniestro. Las razones de esta revisión necesaria, son varias, pero se concretan en dos. Por un lado se hallan la sequía y los pedriscos que van ganando terreno año tras año a la sombra del cambio climático. Por el otro, las empresas aseguradoras preocupadas por el aumento de las indemnizaciones con la consiguiente reducción de beneficios frente a los años dorados. 
Desde la perspectiva de los recursos para apoyar el pago de las primas al tratarse de un seguro caro por los riesgos que cubre, Agricultura se volcaba años atrás con fondos que superaban los 300 millones de euros. Al aire de la crisis de la última década con ajuste de recursos, se consolidó como aportación de Atocha la cifra de los 211 millones, aunque, forzados por las circunstancias de la demanda, se han debido incrementar los mismos vía créditos extraordinarios cada año entre 30 y unos 60 millones de euros. Las Comunidades Autónomas no se quedaron atrás en los ajustes, pasando los apoyos de unos 100 millones a solo 60, para volver hoy a una estabilidad de 80 millones con aportaciones muy variables según cada territorio y sus prioridades aseguradoras. Desde las organizaciones agrarias se reclama que la política del seguro agrario sea una partida prioritaria en la Administración central con un mínimo de 260 millones de fondos y que la misma política se aplique en cada autonomía.
Fruto de esos ajustes, de la elevada siniestralidad en 2017 y del aumento de los niveles de aseguramiento del capital, los fondos se quedaron cortos y las empresas aseguradoras llevaron a cabo importantes incrementos generalizados de las primas. A pesar de ello, las subidas solo se tradujeron en una leve caída de los niveles de contratación, y sí en un aumento del importe del capital asegurado
Este ejercicio, las compañías aseguradoras andaban preocupadas, porque en los últimos años se ha pasado de unas cifras muy claras donde los ingresos por primas eran muy superiores a los importes pagados en indemnizaciones, a otra situación que culminaba en 2017, con un balance negativo, y 2018 donde primas cobradas y pagos por siniestros se situaron en los 755 millones. En los últimos años, las entidades aseguradoras han debido tirar en varias ocasiones de los recursos del Consorcio de Compensación, constituir con dinero de las primas, así como de los fondos de reservas para ajustar resultados. 
Esta campaña, con la sequía en media España ya con más de 300.000 hectáreas afectadas y cada día con situaciones climatológicas extremas, como fuertes tormentas más frecuentes por el cambio climático, el seguro agrario se podría enfrentar a un balance negativo, cuyos efectos preocupan a las entidades aseguradoras que podrían pensar en dejar la actividad y en la propia Administración que debería plantearse dar más fondos o aceptar la subida de las primas.
Ante esta situación, las compañías tratan de marcar las políticas a futuro a partir de las nuevas posibles situaciones de riesgo. El reto de la Administración y del propio sector es lograr que las condiciones de ese futuro planteado por las aseguradoras sean equilibradas para el conjunto de los intereses que se mueve en torno al mismo.
En esa dirección, desde las aseguradoras se plantean revisiones al alza de las primas para seguros tan importantes como los herbáceos, los frutales, el viñedo o los cítricos. En la misma línea, para evitar desajustes en el conjunto de la actividad, se pretende cortar por lo sano y tratar de que los resultados sean equilibrados en cada línea de aseguramiento y en cada garantía, lo que supondría un incremento añadido al importe de las primas y probablemente la pérdida de pólizas en las mismas.
Ante situaciones como ésta, un sector agrario con riesgos en aumento y unas aseguradoras que quieren seguir en la actividad, pero con más garantías de resultados, la salida más recurrente, además de elevar el importe de las primas, sería el aumento del volumen de los apoyos públicos. 
Desde COAG se reclama una revisión de la actual política de seguros de forma global, desde el propio sector agrario, analizando aspectos como uso de agua, riegos en determinados cultivos o elección de variedades más adaptadas a las nuevas circunstancias climáticas. A la vez, no se acepta la imposición de las compañías en sus estrategias de rentabilidad por cada línea o cada garantía. En conjunto, una idea clara: cambios pero para reforzar el seguro, no para hacerlo inviable para el asegurado.