El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha de afrontar en las próximas semanas varios asuntos de calado, con los que tiene la oportunidad de demostrar su disposición a ejercer verdadera política de Estado y dejar aparcado el tacticismo, una práctica que cada vez ocupa más espacio en las maneras de hacer de los partidos y sus líderes. Es evidente que la proximidad de las elecciones autonómicas de Madrid, con la campaña en marcha, no contribuye más que a la exageración y al populismo, pero asuntos como el final del estado de alarma, fijado para el próximo 9 de mayo, no solo no permite dilaciones sino que exige soluciones ya casi inmediatas.

Las formaciones que sirven de soporte al Gobierno en el Congreso de los Diputados han sido, precisamente, las que ayer lanzaron a Sánchez una advertencia seria sobre el escenario en el que los ciudadanos nos deberemos desenvolver una vez decaiga el decreto de larga duración aprobado el pasado otoño. El presidente no va a poder mantenerse de perfil hasta el 5 de mayo, una vez que los madrileños voten, con el discurso que ha mantenido de que no hay plan alternativo. Se encontraba cómodo en la estrategia, pero ya no solo el Partido Popular, sino también partidos que conforman su mayoría de investidura han dejado claro que se deben arbitrar medidas que sirvan para mantener el control de la pandemia. Que de un día a otro la movilidad ciudadana esté permitida para desplazarse entre comunidades es algo que, a menos de veinte días del fin de estado de alarma, se cuestiona de manera abierta. Pero Sánchez sigue callado.

Otro asunto sobre el que el presidente va a tener que fajarse, sin contar con esa posibilidad hace tiempo, es el relativo a la reforma de las mayorías para elegir los miembros del Consejo General del Poder Judicial. En realidad, en este caso la batalla política será con su socio de coalición, Unidas Podemos, con el que se disputa los próximos doce días el voto de izquierdas en una comunidad con más de cinco millones de electores. A diferencia del conflicto por la finalización del estado de alarma, en el caso del CGPJ es el Gobierno el que ha tomado la decisión de suavizar la reforma, por lo que ya conoce de antemano el desgaste que le puede generar con la otra parte del Ejecutivo. Pero si sigue adelante con la idea de rebajar las exigencias para esa mayoría al menos demostrará que se atiene al sentido común y que responde correctamente a la llamada al orden de Bruselas. Quién sabe si, incluso, es una decisión interesada en mostrar un PSOE y un Sánchez distinto al que la gran adversaria por el poder en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, trata de dibujar en sus discursos de elección entre comunismo y libertad. En cualquier caso, el presidente tiene pendientes de realizar todavía muchos gestos que permitan creer que está en la realidad y no solo en la estrategia.