Sobre la mesa siempre está la financiación de las administraciones públicas. Todas lloran por considerar que no tienen suficientes recursos para hacer frente a sus obligaciones. Gobierno Central, Comunidades Autónomas y Corporaciones locales, debaten permanentemente sobre quién debe tener mayor capacidad recaudatoria o mayor capacidad de gasto. Mientras, los contribuyentes, somos espectadores pasivos y procedemos a pagar nuestros tributos. En esta batalla, hay un arma fundamental en manos de las Corporaciones Locales.
Dentro de los tributos que los Ayuntamientos gestionan de forma directa, está el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que supone el 26% del total de su recaudación y que alcanza hasta el 60% del total de sus ingresos directos en algunas ciudades. En 2018 en Toledo, este impuesto supuso una recaudación de 338,9 /habitante, siendo la segunda capital de provincia de la región por detrás de Ciudad Real que recaudó 357,2 /habitante. Es un impuesto fundamental para las arcas municipales.
Últimamente se ha abierto una polémica sobre las exenciones que algunas instituciones gozan a la hora de pagar este impuesto. Paradójicamente, la protesta se centra solo en la exención que goza la Iglesia Católica y se oye, una y otra vez, que debe eliminarse dicha exención. Quizás quienes así se manifiestan ignoren, por falta de lectura, lo que la propia legislación que afecta a este impuesto establece.
La exención de que goza la Iglesia Católica no es algo extraordinario ya que esta se extiende a todas las «asociaciones confesionales legalmente reconocidas» es decir, que musulmanes, judíos, y todo tipo de confesión religiosa dispone de la misma exención. Pero es que también gozan de exención las «entidades sin fines lucrativos» lo que implica que no pagan IBI por sus inmuebles los partidos políticos, los sindicatos, o las federaciones deportivas, entre otras muchas instituciones. Tampoco pagan IBI los bienes declarados BIC, o aquellos inmuebles que tengan más de cien años en determinadas circunstancias.
En fin, que el IBI es un impuesto fundamental para generar ingresos que permitan que los Ayuntamientos nos presten servicios y, por lo tanto, hay que pagar lo que corresponda, pero no hagamos demagogia. Si alguien quiere cambiar las reglas de juego que lo proponga, pero dando toda la información y dando un paso al frente para quitarse la exención de que goza.