Mi media Fanega

Jorge Jaramillo


Notas para una segunda legislatura

El primer consejo rector de las cooperativas agroalimentarias, celebrado el viernes en Socuéllamos, elaboró un amplio listado de necesidades aprovechando la presencia del consejero Francisco Martínez Arroyo que acudió como invitado. El encuentro servía así para estrenar nueva legislatura y marcar cierta ventaja sobre el resto de interlocutores, escenificando de alguna manera una oportunidad de influencia y verbalizando el «aquí no hay tiempo que perder» aunque todo esté en marcha, y el gabinete de la calle Pintor Matías Moreno (sede central de la Consejería de Agricultura) sea prácticamente el mismo.
   Como si de una hoja de ruta se tratara, esbozaron en dos folios un sin fin de notas, urgencias y reclamaciones sectoriales (agua, crisis de precios aceite, producción integrada, ayudas agroambientales, renovación de ecológicas...) destacando la imperiosa necesidad de seguir fomentando la integración comercial entre las empresas de los agricultores ahora que empieza a dar resultados importantes para el vino y el aceite, tras el reconocimiento de varias entidades asociativas prioritarias de interés regional (EAPIR) que recibirán millones de euros para costear esos procesos. También con la creación de una decena de agrupaciones de productores agroalimentarias (APAS) que inician ahora una andadura conjunta de cinco años como poco.
   Cooperativas pide revisar algunos requisitos para agilizar el acceso a estos fondos públicos y garantizar más eficacia y rapidez en su gestión al haberse demostrado que en ocasiones son criterios disuasorios, excluyentes o limitantes para el peticionario.
   Así por ejemplo, en el caso del programa nacional VINATI previsto en el PASVE (Programa de Apoyo al Vino), mantiene una limitación para cooperativas y organizaciones que alcanzan la consideración de PYME lo que a juicio de esta organización «resulta contradictorio con el objetivo de conseguir una mayor dimensión del tejido».
   En FOCAL (ayudas al fomento de la calidad alimentaria) también reclaman cambios en algunas restricciones de contratación para los socios. Ven igualmente conveniente revisar algunas líneas de subvenciones para hacerlas más atractivas con el fin de que no quede presupuesto sin gastar o que haya que devolver fondos a Bruselas como ha ocurrido según sus cuentas: «49 millones de euros en el ejercicio FEAGA 2018, y otros tantos este año». Al final, ¿de quién es la culpa?
   Hay un hecho objetivo. Bruselas es cada vez más exigente, fiscaliza cada euro y pide justificar hasta el último céntimo que libera lo que ha complicado mucho la tramitación y la gestión de las administraciones que se vuelve engorrosa para el solicitante hasta el punto de que pensará más de dos veces si podrá cumplir los pliegos de condiciones de determinadas convocatorias antes de lanzarse a pedir el crédito. Esto no significa que no se deba buscar una mayor eficiencia en el día a día como asumió el propio Martínez Arroyo en esta reunión, pensando además en las mejoras que se puedan escribir en el nuevo Plan de Desarrollo Rural (PDR).
   En este sentido, muchas de estas demandas llegan a tiempo porque es ahora cuando arrancará ese trabajo de redacción encomendado al Viceconsejero Agapito Portillo. Un PDR que en materia de relevo generacional ha revolucionado ya la incorporación de jóvenes agricultores en nuestra comunidad, aunque necesitaría igualmente apuntalar la inercia.
   La organización se ofrece para contagiar ilusión abriendo la puerta de los consejos rectores si obtienen alguna compensación adicional o prioridad en el reparto. También piden para ello exenciones en las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, bonificación del 95% en el impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, u otros gastos de notaría. Medidas tangibles anotadas en la agenda que igualmente contribuyen a frenar el despoblamiento como está comprometido.
   Así las cosas, en otoño se reactiva la discusión para reformar la PAC y por lo tanto también el relato político de lo que queremos y necesitamos para el futuro. En concreto el día 7 de octubre, con nuevo Gobierno o en campaña electoral, veremos el primer borrador del plan estratégico de aplicación de la nueva política agraria común en España en el que los territorios llevan trabajando a nivel técnico desde hace meses como ajenos a tanto impás.