A medida que pasen los años y se produzca el verdadero empoderamiento de la ciudadanía: asumir con responsabilidad la decisión del voto y sentirse los verdaderos jefes de la clase política, quedará al descubierto todo aquel que les venda humo al aproximarse las elecciones y manipule el lenguaje para engañar. Les emplazo a dentro de unos años, ojalá que no sean muchos, para ver cómo uno de los temas que no se perdonarán al PSOE en ningún sitio de España, es el intento de sesgar el debate, de manera sostenida e ininterrumpida, con el intento de monopolizar los derechos sociales, económicos y culturales. La clave para el desarrollo de este tipo de derechos, no siempre protegidos suficientemente por el texto constitucional, que se detuvo en 1978 por la circunstancia histórica y especialmente económica, en el reconocimiento y protección más directa de libertades y derechos civiles y políticos, es que la sociedad tenga dinero para desarrollarlos. El Partido Popular lo repite: la creación de empleo y la dinamización económica es la única llave para abrir la puerta a mejorar las prestaciones y a los nuevos derechos. Es absolutamente indignante que a buena parte de la izquierda no se le caiga nunca de la boca el guión predeterminado: «potenciamos los derechos sociales», «reflejaremos en la Constitución y en la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía la garantía de los derechos sociales», etc.; sin que digan lo principal a la población: cómo lo van a pagar. La frustración que se provoca en la ciudadanía con continuos anuncios de prestaciones sociales que nunca llegan o se aplazan a modo de chantaje a cambio de un voto en las próximas elecciones, va a constituir la principal causa de desafección del votante hacia los políticos que sigan en la dinámica del siglo pasado (de prometer y olvidar). Nuestros electores, ciudadanos y ciudadanas cada vez más informados y hartos, demandan un compromiso ineludible con los derechos de toda índole, pero también que no se les tome el pelo. La propia naturaleza de los derechos que se concretan con una prestación exige dinero, casi siempre mucho dinero, y eso es lo que les diferencia de los derechos que ya tenemos plenamente consolidados y garantizados, que son más baratos de mantener (políticos y civiles). No estaría mal que, a cada proclama sobre promoción de derechos sociales, el votante preguntara: «¿Y el anillo p’a cuándo?». Es decir, en lenguaje de nuestra tierra: ¿De dónde sacáis el dinero para esta fiesta, hermosos? Y ¿En qué momento concreto?  El votante tendrá que valorar si es de recibo que en todas y cada una de las intervenciones, de todos y cada uno de los centenares de cargos públicos del PSOE en la región o en las corporaciones locales, se repita que el PP recortó estos derechos y que ellos, primero los trajeron y luego los recuperan. La verdad, inapelable, absoluta e incontestable es que cualquiera que llegue a un gobierno y se encuentre la caja vacía y las deudas acumuladas, tiene que hacer encaje de bolillos para mantener lo básico, como hizo el PP entre 2011 y 2015. Y la verdad, inapelable, absoluta e incontestable es que la gente antes de votar debe saber que este mundo en el que vivimos es como es, y que los derechos prestacionales cuestan dinero. Tenemos derecho a votar, pero tenemos la obligación de hacerlo como personas adultas: hombres y mujeres que saben que detrás de las palabras han de esconderse hechos y que detrás de una prestación hay una deuda.