De vuelta a esa normalidad extraña en la que llevamos casi un año, una vez que Filomena es ya un majestuoso recuerdo que solamente se manifiesta en los montones de nieve negra que aún permanecen en algunas ciudades, una vez que el ministro Illa se va a Cataluña con la polémica como bandera de una gestión tan ponderada en las formas como discutida y discutible en el fondo, van rebrotando los debates que transcurren en paralelo a la emergencia sanitaria ineludible. El andamiaje político está siendo puesto a prueba de una manera extraordinaria y la palabra reforma se impone por sí sola aunque se aplace el debate para el dichoso día en el que podamos decir que el virus ha pasado.
Estos días el secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, hablaba de la necesidad perentoria de abordar en esta legislatura un nuevo Estatuto de Autonomía para permitir modernizarlo en aras a blindar derechos sociales básicos o permitir que el Gobierno regional pueda emitir decretos leyes. Todo, matiza, una vez concluya la batalla contra la tercera ola. Veremos las pistas que irá dando cuando la tormenta vírica amaine Emiliano García-Page, ahora bajo el dolor inmenso de la perdida de la madre.
El dolor por las pérdidas es la nota más definitoria de la Covid-19 y la tercera ola nos tiene a todos fuera de sitio, asustados, con el alma en vilo, queriendo hacer el último esfuerzo antes de la ansiada vacuna que hoy por hoy es lo único a lo que nos podemos agarrar. Pero si esto es una verdad que cae por sí misma en el orden de prioridades, también lo es que el virus a lo largo de un año durísimo ha dejado ver las múltiples deficiencias y vías de agua que presenta nuestro andamiaje estatal y cómo se ha tambaleado, y lo sigue haciendo, en medio de un vendaval de esta magnitud, lo que le ha llevado a decir a Iñaki Gabilondo, en retirada por hartazgo, que ‘España no funciona’.
La cobernanza, esgrimida por Pedro Sánchez,  ha sido en gran medida un recurso dialéctico de urgencia para intentar aparentar un cierto orden en el desconcierto de unas administraciones que  no saben muy bien donde comienza su competencia y donde termina ante la nebulosa coordinación estatal. De manera que la palabra reforma se impone por la  fuerza de los hechos contrastados y sería un error querer reducir este debate a una presumible Ley de la Corona cuya enmienda más efectiva es el comportamiento ejemplar de su titular como hasta ahora está siendo, bien por razón de su carácter, bien por necesidad imperiosa si quiere que la Monarquía parlamentaria siga siendo clave de bóveda del entramado institucional.
Así que tras el Covid, que en el mejor de los casos podremos ir dejando atrás en 2021, nos espera el gran debate sobre la crisis política que a su vez transcurrirá en paralelo al tsunami social provocado por el virus que ya se deja ver en cierres masivos de negocios y que tendrá su traducción dramática también en ERTES que desgraciadamente se convertirán en ERES. Para mitigar la crisis económica y social hemos puesto toda nuestra confianza en los cuantiosos fondos europeos que irán llegando para nutrir los planes de reconstrucción que pomposamente se encarga Pedro Sánchez de anunciar  con grandilocuencia y campanillas. Iremos viendo en lo que queda de legislatura cómo se gestionan y cual es el resultado real en la vida cotidiana de la ciudadanía más golpeada por la crisis.
La otra, la crisis política, no vamos a tener ninguna ayuda externa para resolverla. El andamiaje lo tendremos que revisar nosotros con nuestras propias fuerzas y recursos, con el problema añadido de que en nuestro sistema, tan amplio en libertades políticas, hay elementos, incluso dentro del propio Gobierno, que contemplarían gustosos como se viene todo abajo para que tras el estruendo del desplome se abra paso el gran guirigay populista en el que se ofrecieran como el gran hallazgo del momento las viejas mercancías que fracasaron en el pasado en España,  un fracaso prolongado y sostenido en el tiempo que concluyó, a veces parece que milagrosamente, con el éxito colectivo plasmado en la Constitución de 1978 cuya vigencia es tan necesaria como necesaria es la reforma que permita otras tantas décadas de buen camino por la senda de la democracia más amplia que jamás hemos tenido en España, por más que los embaucadores en medido del desastre se empeñen en pintárnosla como una componenda ya inservible.