La Justicia de España es independiente. Su órgano de gobierno, que es otra cosa y que no imparte justicia, aunque decida sobre los nombramientos, el Consejo General del Poder Judicial, no deja de serlo porque los parlamentarios no se pongan de acuerdo en renovarlo. Finalmente, el Tribunal Constitucional, también otra institución distinta, no tiene miembros de primera o de segunda y puede ejercer sus funciones con la composición actual, hasta que lo renueven. El Presidente del Gobierno lo sabe y puede decir o hacer lo que quiera pero sin faltar a esta realidad constitucional ni perder las formas con los órganos y los poderes que, precisamente, están para controlarlo (controlar a un descontrolado controlador es todo un reto, no solo una necesidad democrática). Luego ya que la culpa sea de la oposición, de él mismo o del Santo Padre es otra cosa. España es como esas personas, buenas y grandes, que tienen dentro mucho, pero por su mal carácter pierden todo. La falta de contención de ciertos agentes políticos y sociales crea en general un ambiente de crispación que no se corresponde con la realidad de la calle pero que la acaba afectando. La carencia de sentido del decoro impregna de exageraciones y gruesas palabras las campañas electorales y hasta las sesiones del Congreso. La ausencia de empatía con el que piensa distinto fomenta una irreal sensación de enfrentamiento. La falta de formas ha echado leña al fuego de Cataluña, de la Justicia, del COVID, de la corrupción... Y así podríamos seguir. Cada semana un ejemplo: si resulta que el Parlamento ha de elegir el órgano de gobierno de los Jueces (que no a los jueces que administran justicia: aquí la falta de formas irresponsable de ciertos medios de comunicación y algunos políticos sin escrúpulos, hacen que la gente se confunda y se crispe), lo más normal y natural es que los partidos establezcan contactos para encontrar a las personas idóneas. Eso es todo lo que debía de ocurrir en el asunto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y, sin embargo, nos hemos encontrado un escándalo mayúsculo por la endeblez democrática de muchos de los que están en primera línea, que pactan poco y con ánimo de engañar al adversario. Si la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen un procedimiento para el nombramiento de los vocales y el presidente de ese órgano, que pasa por el Parlamento donde están las fuerzas políticas, es un hecho que 'los políticos' se tienen que meter. La única cuestión por la que todo el país y la judicatura se lleva las manos a la cabeza es, una vez más, por la pérdida de las formas. Ha sido antológica la jactancia de todo un presidente del Gobierno desde 2018 en anunciar su paternidad sobre decisiones que le corresponden a otros órganos constitucionales. Es de una zafiedad institucional que revienta el equilibrio de poderes y se resume todo en la materialización de decisiones dejando claro quien tiene poder. Como decía Andreotti (por cierto, fino fino, pero un pájaro de cuenta) de nuestra clase política hace ya cuarenta años: «manca finezza».