Mi media Fanega

Jorge Jaramillo


Reputación

La Política Agraria Común (PAC) es también muy responsable de la reputación del productor ante la opinión pública y de la imagen distorsionada de «cazaprimas» que muchos ciudadanos se han configurado a lo largo de los años y de las últimas reformas. Especialmente después de aquella que desacopló todas las ayudas sin que fuera necesario justificar que se producía para cobrar un dinero que al fin y al cabo es público. 
Aquel error político que posiblemente tuvo la intención de restar burocracia y trabajo para el funcionariado en sus controles y registros, se tornó en la peor campaña de propaganda para quienes realmente trabajan y viven del campo que fueron juzgados como esos otros que actualizan la cuenta bancaria desde el móvil, sin despeinarse y derramando su cuerpo y alma por el mullido sofá del amplio salón.
Con el daño hecho, el intento de restablecer después la justificación de esos fondos para apuntalar la renta de los que nos alimentan frente a una globalización asfixiante, no ha arrojado tan pronto los resultados esperados como la consecuencia anterior. Pero en ese punto de reparación estamos ahora redactando y redefiniendo nuevas figuras de agricultores activos, muy pronto genuinos y quien sabe si mañana excelentes.
Como en otras situaciones similares, ante la ignorancia, el desinterés general y la falta de información siempre es mejor reivindicarse y representarse a sí mismo con el trabajo y esfuerzo propio, y en ese sentido, puede que el campo español esté ganando la batalla al mostrar con un actitud ejemplar, pacíficamente pero con doloroso realismo, los riesgos del progresivo abandono de explotaciones por falta de liquidez y fallo general de este motor económico que sostiene tantos territorios rurales a punto de gripar por culpa de la grieta del despoblamiento.
Por ello, el rugir de los tractores este pasado martes en Toledo, y la improvisada y acertada subida a la emblemática plaza de Zocodover fue el mejor acto simbólico de reconquista del ciudadano, justo en el espacio público que mejor le identifica porque en él confluyen ricos, pobres, clase media, trabajadores, turistas o funambulistas que acostumbrados a marabuntas de visitantes chinos o japoneses, asistieron esta vez atónitos al griterío de una turba agraria para escuchar lo que probablemente ya sabían, sin agricultura no hay vida.
Porque exigir precios justos que compensen el trabajo es tan fácil de entender como ponerse en el supuesto de acudir a cualquier puesto donde no solo no cobres por tu dedicación sino que además te toque poner dinero. A veces no hace falta buscar más comparaciones.
La reacción del Gobierno de España identificando a las claras el problema, y señalando -como hizo el Presidente Pedro Sánchez- a la distribución para que hagan “examen y autocrítica” sobre los márgenes comerciales y determinadas prácticas abusivas “inaceptables para este Ejecutivo», ha reposicionado a todas las partes hacia una actitud aparentemente más conciliadora que entona sin reservas un nítido “mea culpa”. Otra cosa será cuando empiecen a escribir la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, las posibles fórmulas para indexar contratos a costes de producción, prohibir la venta a pérdidas o asumir la publicidad de nuevas sanciones por incumplimientos con un espíritu ejemplarizante o de escarmiento por mala praxis ante un jurado popular a la vista de la actitud receptiva del ciudadano que, alejado otras veces del debate, parece estar comprendiendo la situación límite que describen los agricultores en sus protestas.
En esa nueva pose, los supermercados saben que está en juego su propia imagen y reputación ante nuevas generaciones de clientes posiblemente más permeables y participativos frente a conflictos de corte social. Aunque también está detrás el temor a una reacción política de un Ejecutivo, ahora de coalición, con una hiperactiva instrucción de remangarse, que podría ser legalmente mucho más ambiciosa teniendo en cuenta la presión que públicamente está ejerciendo Unidas Podemos a través de sus ministras y ministros que, en un intento de ahuyentar cualquier polémica por la subida del SMI, exigen redistribuir la riqueza que durante años se ha quedado presuntamente en los tramos intermedios de la cadena. 
Asimismo, la oposición al completo busca disimuladamente la foto y se alinea con el protagonista de los noticiarios aprovechando el tirón mediático porque para cualquier partido está en liza de nuevo su propia reputación.