Eran los años ochenta del pasado siglo, todo estaba por hacer en el ámbito de la política local, modificar la Ley de Bases de Régimen Local, establecer los criterios para fijar la  financiación de los ayuntamientos. Las reuniones que se llevaban a cabo entre representantes municipales y del Gobierno, tenían una agenda llena de asuntos que debatir. Los participantes en dichas reuniones proveníamos de todo tipo de ayuntamientos, grandes y pequeños, con representación de los partidos políticos presentes en ellos. Aunque UCD fue el partido que más alcaldías alcanzó en las elecciones de 1979, las grandes ciudades estaban gobernadas, mayoritariamente, por alcaldes del PSOE. Esto implicó que el debate de algunas cuestiones derivara en enfrentamientos partidistas en lugar de basarse en criterios de racionalidad. Pascual Maragall, que participaba como concejal responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona, era el portavoz del PSOE en los asuntos de financiación de los Ayuntamientos. Su postura se basaba en que los fondos que el Estado transfería a las corporaciones locales se debían repartir proporcionalmente a la población de cada municipio aplicando un índice corrector al alza según aumentará la población. Su argumento era que cuanto mayor fuera una ciudad, más servicios prestaba. Esto suponía dejar de lado a los pequeños y medianos ayuntamientos ahondando las diferencias existentes entre grandes y chicos e incrementando el efecto llamada para emigrar a las grandes ciudades.
Esta argumentación se mantuvo en suspenso hasta finales de 1982. En las elecciones de octubre había ganado el PSOE y formado gobierno Felipe González. La decisión a tomar respecto a la financiación municipal se inclinó hacia la opción defendida en su momento por Pascual Maragall, este tenía un buen padrino en el gobierno, Narcís Serra, ministro de Defensa que había saltado a dicho puesto desde la alcaldía de Barcelona. El criterio de transferir más fondos en aquel momento a las grandes ciudades no era unánime en el PSOE, pero salió adelante perjudicando a los pequeños ayuntamientos. Esto derivó en falta de servicios e incrementó la fuga de población hacia las grandes ciudades.
La tendencia iniciada en las décadas anteriores se potenció. Hoy hablamos de la España vaciada. A veces, decisiones tomadas arbitrariamente traen consecuencias indeseadas. Pero no aprendemos.