La orden ministerial del 30 de octubre creó un Comité, con el encargo de vigilar los contenidos de medios de información y redes de Internet para detectar campañas de desinformación. Este procedimiento deriva del Plan de Acción Contra la Desinformación aprobado por el Consejo Europeo que señala que los Estados miembros deben apoyar la creación de equipos de verificadores de datos e investigadores independientes multidisciplinares, insistiendo en que «Deben ser órganos independientes de los Gobiernos los que detecten y decidan para que no pese sombra alguna de interferencias políticas». Pero España incumple este plan pues el Comité está residenciado en la Presidencia del Gobierno y encomendado a personas de su círculo, por lo que se le considera como un nuevo ministerio al que cuadraría el nombre inquisitorial de Ministerio de la Verdad.
Este plan europeo se hace para detectar injerencias de países extranjeros que con campañas de desinformación a gran escala traten de desestabilizar a la UE o a sus Estados miembros. Pero en España vuelve a producirse la anomalía de usar el plan para un control de los contenidos de la información interior con lo que peligra la libertad de expresión. El control de las malas prácticas ya está recogido en el Código Penal que llegará a aplicar sanciones por su incumplimiento. Pero nada más absurdo que penalizar la desinformación que al ser algo negativo no es materia de delito, pues una falta de información será una omisión y no una comisión.
Aunque el Gobierno, en línea con Europa, dice utilizar el control para detectar la injerencia de campañas de desinformación de origen internacional, a la ministra González Laya se le ha visto el plumero al decir que. «Se trata de limitar que se puedan vehicular falsedades a través de radios, televisiones y también las plataformas digitales que falsean el debate público, que manipulan a la población y que pueden causar un gran quebranto a la democracia». Palabras que encubren un mal asunto según el pésimo antecedente que tiene a sus espaldas de haber encomendado a la Guardia Civil vigilar las críticas al Gobierno.
El desacuerdo no es lo mismo que la mentira, pero ya conocemos el paño, pues lo que el Gobierno considera falso es lo que le resulta incómodo, siendo la prueba de tal despotismo que sea el ejecutivo quien valore y decida. Y de manipular los datos se pasa a censurar las opiniones.
Es un gran sarcasmo que un Gobierno como el que preside Pedro Sánchez pretenda erigirse en protector de la verdad pública, cuando sus palabras son las primeras Fake-News del día, tan falsas como su realidad personal empezando por su tesis doctoral o la licenciatura de Begoña. Con esto de la pandemia la mentira ha llegado al descaro. Desde el número de muertos, hasta el comité de expertos cuya mayor virtud es que no existe.
Todo tiene su antecedente, y así fue la Ley de Defensa de la República de 1931 que prohibía la «difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público», y dejaba el cumplimiento de esta prohibición al criterio del gobierno. Porque hoy como ayer, todo gobierno que impone las valoraciones y controla su libertad de expresión es un gobierno totalitario.