El Gobierno ha aprobado finalmente la prohibición de los desahucios, aunque con ciertas limitaciones. Parece que la parte socialista le ha ganado la batalla, que no la guerra, a los de Podemos. Pero, no se equivoquen, ayer se abrió en España la puerta a la confiscación de viviendas, la ocupación, la inseguridad jurídica y la vulneración del derecho a la propiedad privada. Como en tantos casos, desde que gobierna en España un Ejecutivo social-comunista, cualquier propietario al que no le pagan su renta debe ser solidario con su inquilino. La política social del Ejecutivo pasa a ser responsabilidad de los ciudadanos que pagan impuestos para que sus gobernantes resuelvan problemas.

Por supuesto que es muy duro quedarse sin empleo y no poder hacer frente al pago de la vivienda y a la compra de alimentos o de juguetes o de lo que sea. La cuestión es que una crisis sanitaria mal gestionada ha provocada una crisis económica que no se ha abordado ni medianamente bien desde su inicio. Miles de empresas se han visto forzadas a cerrar por falta de actividad y tener que hacer frente a todos sus pagos. Lo mismo ha ocurrido con decenas de miles de autónomos. La consecuencia ha sido que miles de trabajadores se han ido al paro o están inmersos en un ERTE que muy probablemente en una gran parte acaben siendo pasto del desempleo. Las ayudas directas no han llegado y no se ha hecho política social de verdad.

Al igual que con las colas del hambre, que dependen de la generosidad de los ciudadanos, ahora también se les exige a los propietarios de viviendas que sean solidarios y reduzcan sus alquileres. Una bomba de relojería que provocará economía sumergida, subida de las rentas de alquiler y reducción de la oferta de viviendas en el mercado. Si hay un problema social, y lo hay, los políticos están para resolver el problema. Se dice mucho que no hay dinero, pero no es cierto.

Sánchez podría haber optado por reducir su elefantiásico gobierno y eliminar muchas partidas presupuestarias claramente prescindibles en una situación como la actual. De esta forma, hubieran aflorado varios miles de millones de euros que podrían estar paliando el hambre, la factura de la vivienda y el impago de los suministros de miles de personas vulnerables. La incapacidad de tramitar en tiempo y forma los ERTE o el IMV y la atorrante burocracia está haciendo recaer en los ciudadanos la política social del Gobierno que se dice más social. Todo un récord de demagogia y propaganda.