Si frenar la inflación fuera tan fácil como establecer precios fijos o máximos de determinados productos, o de muchos productos, esa fórmula tan sencilla se habría utilizado con gran frecuencia e indudable éxito. Pero no. Es verdad que no han sido insólitos los intentos de diversos gobiernos a lo largo de la historia por luchas contra la inflación por esta vía, desde el Imperio Romano en algunos momentos, hasta Venezuela o Argentina en tiempos mucho más reciente. Pero el fracaso absoluto de esta receta, siempre que se trata de utilizar de forma generalizada, debería ser suficiente para que, con independencia de ideologías, nadie con mediano conocimiento la volviera a proponer. Cada vez que se han establecido precios fijos o máximos de manera más o menos generalizada, el resultado ha sido el desabastecimiento, la acentuación de la crisis, un mercado negro creciente con una inflación desbordada, y posiblemente la depreciación de la moneda. En circunstancias normales, nadie va a vender si no tiene un beneficio de ello, de tal manera que, si el precio máximo está más o menos en las pautas del mercado, resultará irrelevante, y si está muy por debajo de ellas, será eludido por vías alternativas, y en la parte en que se deba mantener por los conductos oficiales, provocará un desabastecimiento por falta de oferta. No digo con esto, obviamente, que los poderes públicos no puedan -o incluso a veces deban- controlar o incluso puntualmente corregir ciertos efectos del mercado, pero en cuanto se pasa de eso a pretender sustituirlo, la ruina suele estar asegurada.
En suma, en situaciones críticas puntuales puede evitarse la especulación estableciendo precios máximos de venta de algún tipo de producto respecto al que pueda darse esa situación, pero el establecimiento de precios fijos o máximos en un amplio elenco de productos básicos sometidos al mercado está condenado al fracaso, ya sea por inútil (si ese precio está dentro de los márgenes razonables), ya por pernicioso (si está por debajo). Este tipo de medida no solo choca con leyes de la economía, sino que podría chocar con las normas jurídicas europeas, e incluso con nuestra Constitución, que por muy amplias posibilidades de intervención que conceda a los poderes públicos, sigue reconociendo la libertad de empresa «en el marco» de la economía de mercado. Así que cabe incluso la planificación (art. 131), pero no la sustitución de las leyes básicas del marcado (art. 38), lo cual, además, sería negativo. Y un último apunte lingüístico: 'topar', según el Diccionario, puede ser chocar, encontrarse algo, o dicho de un animal cornudo, 'topetar', entre otras cosas, pero no establecer un precio máximo de algún producto, así que no entiendo el empeño que se está poniendo en usarlo en ese sentido.