El Tribunal Constitucional lleva doce años sin dictar sentencia sobre el recurso interpuesto por el Partido Popular conta la ley aborto del gobierno socialista, la conocida como ley Aído, que permitía la intervención voluntaria del embarazo durante las catorce primeras semanas de gestación. Según una información publicada por elconfidencial.com el Alto Tribunal estaría preparando una sentencia que validaría la ley y que se publicaría tras las elecciones andaluzas. 

Antes de la próxima renovación del TC -si se produce en plazo- su composición está formada por una mayoría de magistrados adscritos al sector conservador, lo que hacía prever que la sentencia tendría en cuenta la pretensión del PP, y más porque el dictamen lo habría dejado preparado el magistrado Andrés Ollero, antiguo diputado del PP, y contrario al aborto. A lo largo de este tiempo, el PP en el gobierno no abolió la ley del aborto, sino que la retocó en solo un aspecto, y ahora Núñez Feijóo trata de mantenerse al margen de este debate que le viene bien que se resuelva antes de que se pueda ver obligado a pactar con Vox, donde tienen mucho predicamento los dirigentes procedentes del Opus Dei, cuya batalla fundamental es acabar con el derecho al aborto, y aun así le presionarán para lograrlo si acceden al Gobierno.

La filtración sobre la decisión del TC español se parece en cierto modo a la realizada en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, aunque los jueces norteamericanos, mayoritariamente conservadores, estarían por la prohibición del aborto lo que ha desatado un intenso debate social en la sociedad estadounidense sobre el posible recorte de un derecho reconocido a las mujeres hace más de medio siglo. Aquí ocurrirá igual. 

Si el TC decide fallar en contra del recurso del PP perdería virtualidad la redacción de la nueva ley del aborto que se propone desde el Ministerio de Igualdad si la pretensión era que hubiera un instrumento para dar cobertura legal a la interrupción voluntaria del embarazo, pese a que se produciría un vacío hasta la aprobación de la nueva ley.

Sin embargo, la ley del aborto que propone el ministerio de Irene Montero y cuyo proyecto puede ir al Consejo de ministros del próximo martes va más allá de la propia interrupción voluntaria del embarazo y pretende regular otros aspectos que podrían ser recogidos en otras normas más específicas y previo debate social más amplio, y sobre todo más sereno.

La ley pretende incluir la recuperación de la posibilidad de que las jóvenes a partir de los dieciséis años puedan abortar sin necesidad de permiso paterno, lo que podría hacerse por el mismo procedimiento por el que el gobierno de Mariano Rajoy lo suprimió, mediante la reforma de la ley. Además, introduciría la prohibición de la gestación subrogada -los vientres de alquiler-, la rebaja del IVA de los productos de higiene femenina, la concesión de un mes de baja previo al parto en todos los casos y, lo que se ha convertido en la última polémica, la concesión de tres días de baja médica por reglas incapacitantes para realizar un trabajo.

En este último caso la introducción de la dismenorrea entre el catálogo de enfermedades laborales ha suscitado un nuevo enfrentamiento entre el sector socialista -con la intervención de UGT- que considera que podría estigmatizar y perjudicar la contratación laboral de las mujeres, y quienes consideran que sería reconocer un nuevo derecho porque acabaría con cualquier atisbo de arbitrariedad ante una enfermedad. En cualquier caso, para conseguir la baja siempre tendría que mediar la prescripción médica, como han reconocido desde el Ministerio de Igualdad, circunstancia que también concurre en la actualidad.