El desarrollo de la COVID-19 y las opiniones que se han expresado para tratar de hacer frente a la misma han reafirmado la necesidad de actuar con criterios científicos para dar respuestas adecuadas y así lo ha entendido la gran mayoría de los ciudadanos.
Ello nos sitúa frente a la cuestión basilar, la legitimidad de los académicos para intervenir en el debate social o, dicho de otra forma, la legitimación del investigador en el debate público. En definitiva, la autoridad del científico para ejercer su función ante la ciudadanía que requiere su opinión para obtener certezas, que no siempre son posibles y menos en los estadios iniciales.
Esa legitimidad deriva no solamente de su conocimiento científico sino que se refuerza porque lo primero que caracteriza a un académico es una independencia y distanciamiento críticos, derivados de la falta de interés personal, ante la realidad que analiza, sea un fenómeno físico, un comportamiento social, una crisis económica o un virus. Y sobre esa realidad que estudia rigurosamente para comprenderla, valorarla y anticipar su desarrollo o explicar su devenir, formula su explicación y da su criterio acerca de cómo abordarla; sin que ello signifique que su opinión sea superior socialmente sino simplemente que está mejor fundamentada.
La sociedad confía en los científicos porque sus investigaciones son sometidas a un proceso de revisión y corrección por otros investigadores que validan esos estudios, y esta es una diferencia fundamental con las opiniones que se formulan en medios de comunicación y redes sociales sin filtro académico. Es cierto que ese proceso de validación de las investigaciones de los científicos puede presentar deficiencias, y ejemplos hay de ello, pero de forma generalizada sirven para garantizar el rigor en la metodología y la seriedad de los resultados y, por tanto, de las opiniones que se formulan.
En esta época se ha incrementado el interés de los ciudadanos por la ciencia y por aumentar su cultura científica pues conocen un poco más los códigos que rigen el proceso de la investigación. Ello puede impulsar el concepto y los proyectos de ciencia ciudadana que pretenden implicar a la ciudadanía en las actividades científicas, estimulando su colaboración activa de diversa forma  según la investigación de que se trate, bien sea contribuyendo con la recogida de datos en el proyecto diseñado por científicos o bien interviniendo en la formulación del proyecto y la recogida de datos e, incluso, participando en todas las fases del proceso científico. Esta colaboración, que hace tiempo se da, requiere, evidentemente, de un mayor compromiso por parte de los investigadores en cuanto exige el diseño de mecanismos de participación ciudadana y la comunicación constante con los participantes
Como ha dicho Mariya Gabriel, comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud: «El trabajo conjunto entre ciudadanos, científicos y responsables políticos es esencial para enriquecer la investigación y  la innovación y reforzar así la confianza de la sociedad en la ciencia». Así pueden generarse muchos efectos relevantes, uno de los cuales es, sin duda, apoyar un incremento de la financiación pública y privada de la investigación. Además, esa implicación de la ciudadanía aumentaría su influencia en la gobernanza de políticas públicas de diverso tipo como las medioambientales, de salud, etc.
En Castilla-La Mancha tenemos una fortaleza que se añade a la valía acreditada de los investigadores de la UCLM y de otras entidades: los castellano-manchegos son los ciudadanos de toda España que están más dispuestos a incorporar la Ciencia en sus donaciones desinteresadas de dinero, según recoge la Encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología 2020, publicada, hace pocos días, por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Es un motivo de orgullo y una razón para la confianza.