Pedro Sánchez está a punto de consumar una ignominia. Otra más, pero en esta ocasión las dimensiones de la afrenta adquieren dimensiones siderales. Los socialistas se reúnen esta semana con los representantes de ERC para sellar un pacto de investidura y, quizás de Gobierno. No se trata de un acuerdo cualquiera. Se trata de sellar una entente con una formación que en su primer objetivo consta el de destruir España, dinamitar nuestra forma de Estado, pulverizar la Monarquía y acabar la Constitución. No puede existir mayor disparate ni mayor espanto.
Sánchez necesita el voto de los separatistas a cualquier precio. Ya ha atado el acuerdo con Podemos, una formación comunista que pretende también cercenar el andamiaje de nuestro Estado de Derecho, y se dispone ahora a hacer lo propio con ER. No es eso lo que votaron los españoles, aunque la geometría variable de las sumas parlamentarias lo permitan. De hecho, las tres formaciones en danza hacia la Moncloa, PSOE-UP y ERV, recibieron sonoro castigo en la última cita con las urnas. Un severo varapalo que les ha conducido a este acuerdo de perdedores, a esta entente de urdidores de afrentas contra nuestra Carta Magna.
Volver a Pedralbes, exige Pere Aragonés, líder de los secesionistas. Retroceder hacia un encuentro que en su momento los socialistas aseguraron que no tuvo consecuencia alguna, que el acuerdo que firmó Sánchez con Torra carece de efecto alguno. Nada se ha adelantado sobre el contenido de la negociación que se abrirá esta semana. El PSOE mantiene un secretismo vergonzante y doloso ante este nuevo paso, gravísimo y terrible, que puede llevar a nuestro país a los límites de una situación irreparable. Negociar con un partido cuyo líder está en prisión, condenado por haber promovido y perpetrado un delito de sedición no es un procedimiento de uso corriente en un Estado democrático.