Como la mayor parte de españoles soy un defensor absoluto de la escuela pública, a la que he asistido siempre desde Primaria a doctorado. Pero como a esa mayoría, me parece alucinante que en determinados períodos de nuestra historia, coincidentes con gobiernos extremistas, la apuesta por un modelo de enseñanza implique atacar el resto.
Siempre sucedió cuando gobiernos desaprensivos y liberticidas, entendían los derechos como algo moldeable y excluyente, en los que la ideología primaba sobre la interpretación ponderada. Esa mancha todavía permanece en muchos políticos: así, por ejemplo, en Democracia es una regla de oro que la religión, por arraigada que esté, se separe del poder y a nadie se le obligue a profesar ningún credo, pero de eso no puede deducirse, como hicieron y hacen determinados laicistas, la necesidad de atacar legal y socialmente a los que creen en algo trascendente.
Nuestra Constitución ya resolvió ese problema proclamando la libertad religiosa como derecho, y la convivencia es posible. Con la educación, está sucediendo igual por la llegada de los Robespierres indocumentados metidos en lo más alto del poder: ¿Qué tendrá que ver reforzar la enseñanza pública para cerrar el grifo de ayudas a las enseñanzas concertadas? Así son: no se trata de construir, sino de hacerlo sobre las ruinas de las ideas contrarias.
En fin, esto habría de ser mucho más sencillo: el compromiso firme con dotar bien los centros públicos, ha de convivir necesariamente con la ayuda a los concertados, más en situaciones extraordinarias como ésta, porque estos últimos están prestando un servicio público y un derecho a cuya materialización no siempre puede llegar el Estado, y porque los derechos humanos, por si eso fuera poco, así lo exigen para que cuando llegan los gobiernos sectarios, no te impongan sin más su credo (ni a los chavales ni a los profesores) y puedas elegir o enseñar en libertad, respectivamente. No sé con que cara van a vender los que mandan, la ausencia de ayudas a centros concertados en sitios donde les han impuesto los alumnos a matricular, porque sus normas disponen que son ellos, las autoridades y no las familias, los que tienen la última palabra para mandarte al colegio que quieran.
En ese ambiente, la negación de cualquier cantidad económica para estas comunidades educativas es un abierto ataque a la igualdad y una discriminación, ya que ni siquiera nos han dejado elegir si podíamos o no asistir a un determinado centro. Puede que ello sea lógico para mantener un correcto reparto de alumnos en una zona, pero eso ya excluye que puedan ignorar a los centros privados cuando los han obligado a someterse a todo tipo de criterios para su concertación y convalidación.