«Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar», versos de Antonio Machado que, en estos días, recuerdan que ninguna persona es eterna por mucho poder y riqueza que acumule. Seguramente, el poeta andaluz hubiera estado tan sorprendido y hastiado, como prácticamente toda la humanidad, observando el largo peregrinaje del regio cadáver, aunque cadáver al fin y al cabo, de la Reina de Inglaterra por casi toda la geografía británica. Unas exequias que, además de producir perplejidad, demuestran que las monarquías, se encuentran absolutamente desconectadas de lo que son las sociedades modernas y democráticas, por lo que buena parte de sus comportamientos producen el mismo desagrado que parece que al septuagenario, recientemente entronizado, le produce trabajar con la pluma en la mano.
Aunque, es indudable que las sucesiones dinásticas son anacronismos de otros tiempos, como ya evidenciaran las ideas de la Ilustración, vendría bien releer y reflexionar sobre buena parte del pensamiento que ha ido configurando las relaciones de los poderes del Estado y las disfunciones que produjo su aplicación radical por parte de los revolucionarios franceses. Por tanto, nadie en su sano juicio esperaría que el 41% de los jóvenes británicos, que según las encuestas se declaran republicanos, resolviera su dilema constitucional a golpe de guillotina, como en los tiempos de Robespierre, en lugar de por los cauces legales establecidos.
La misma perplejidad que producen los hechos relatados con anterioridad, me suscitan los argumentos esgrimidos por los insurrectos que están obligados a renovar los órganos del constitucionales en nuestro país, aprovechándose de las mayorías reforzadas que establecen la Constitución y las leyes orgánicas que la desarrollan, para secuestrar el Consejo General del Poder Judicial y, ahora, también el Tribunal Constitucional. Por consiguiente, con este filibusterismo, las garantías para la presencia de las minorías en las instituciones, finalmente, son utilizadas para su imposición.
Lo propio de un sistema parlamentario como el nuestro, sería que ningún poder fuera  ajeno a la legitimidad que otorgan los votos de los ciudadanos, como sucede actualmente con este bloqueo y que sólo se asegura con la elección de los representantes de las altas magistraturas, a través de las cámaras legislativas que hoy representan la soberanía popular. Dicho de un modo más claro; sería indeseable que las leyes que emanan de la soberanía popular fueran interpretadas por 'señores togados' ajenos al control ciudadano y que sus valores fueran los que se impusieran, frente a los de la mayoría, convirtiéndose en una nueva casta. Igualmente, sería ingenuo pensar que la elección de jueces únicamente por ellos mismos, permitiría el necesario consenso, los nombramientos por escrupuloso mérito y capacidad y sentencias acordes con los tiempos y con nuestra constitución.
Esta actitud de rebeldía constitucional de aquellos que están obligados a cumplir las leyes -diputados y magistrados de Consejo General Judicial, entre otros- ahonda en el nada conveniente descrédito del sistema. Igual de predicable es para Puigdemont, que para los encargados de renovar las instituciones constitucionales, que la legitimidad democrática sólo se garantiza con el cumplimiento imprescindible de sus procedimientos. Amén que, tanto de las grabaciones de Villarejo hablando de libretitas con Cospedal, como de los whatsapp del señor Cosidó a sus compañeros del PP para garantizarse el control de órganos judiciales y de las controversias suscitadas entre la cúpula saliente y la dirección actual de ese partido, se deduce que el interés general no es la causa para tal bloqueo.
Así pues, con el sulfúrico ambiente creado, advertiría a aquellos que se arrogan la propiedad del frasco de las esencias constitucionalistas en España, que no es lo mismo predicar que dar trigo, o como diría el poeta: 'se hace camino al andar'.