Para convertirse en funcionario de la Unión Europea hay que pasar tres pruebas: un test psicotécnico, una ejercicio práctico en tiempo real y una suerte de gymkana laboral que dura un día entero y en la que el tribunal observa a los candidatos en todo momento. Los exámenes se pueden preparar hasta cierto punto pero no hay que estudiar ningún temario, no hay que memorizar miles de conocimientos que no se volverán a utilizar nunca. Permite que cualquier profesional opte a una plaza sin hipotecar dos o tres años de su vida.
La selección de personal público en nuestro país, de dos de cada diez trabajadores españoles, depende de un proceso que no se ha renovado en muchos años, que ya no tiene ningún sentido y que se parece más al mandarinato de la China Imperial que a cualquier otra cosa. Si se trata de esquivar el nepotismo y el azar, hay maneras mucho menos engorrosas de hacerlo. Los años dedicados a estudiar oposiciones en España son uno de los esfuerzos colectivos más improductivos que existen.
Nuestras oposiciones son un espejo de la manera de entender las relaciones laborales: para ofrecer promociones o ascensos se tienden a demandar una serie de sacrificios alargados en el tiempo que no tienen nada que ver con la idoneidad del candidato, sino más bien con un concepto arcaico de justicia y méritos acumulados.
Por el contrario, la UE evalúa en sus pruebas ocho habilidades básicas: la capacidad de aprendizaje, la capacidad de análisis, la resolución de problemas, la capacidad de priorizar tareas, el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación y la resiliencia, entendida como la capacidad de mantenerse trabajando al mismo nivel a lo largo del tiempo e independientemente de las circunstancias. Se parecen tan poco a las españolas que en el examen final también hay incluso una pregunta destinada a descartar a los trabajadores que pretenden hacer méritos calentando silla.