A Pablo Iglesias no se le ha movido ni un pelo del moño. Dolores Delgado saldrá a su rescate con las navajas del teniente fiscal del Supremo o con la artillería que haga falta, que para eso es el vicepresidente. «¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso». El mandamás de Podemos no concibe ni como mera hipótesis su imputación en el caso Dina, que, en definitiva, es el caso Iglesias. Para ser chulo hay que tener espaldas y no le faltan. No solo las de la ex ministra y las de todos sus súbditos, también cuenta con el respaldo de la mayoría del Congreso que, en el penúltimo capítulo de esta historia -que no tiene visos de llegar-, no avalará el suplicatorio del Supremo para que le investiguen.  
Vayamos por partes. El juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, imputa cuatro delitos a iglesias: revelación de secretos, daños informáticos, denuncia falsa y falso testimonio. Como es aforado, la imputación no es formal y pide que sea el Supremo el que investigue al vicepresidente. ¿Es suficiente para que el líder de Podemos dimita o para que le destituya de forma fulminante Pedro Sánchez? En un escenario político de normalidad, debería primar la presunción de inocencia, más aun en un caso en el que el único elemento jurídico del que disponemos es la exposición razonada que García Castellón eleva al Supremo y que no implica la imputación. Se derivan indicios delictivos, pero no son concluyentes. El problema es la falta de coherencia. Llegaron con las bombonas de oxígeno que necesitaba la política y con el tiempo se ha comprobado que lo único que han regenerado ha sido sus bolsillos. No puedes pedir al contrario lo que después tú no aplicas y, con esa premisa, las palabras de Iglesias y las de Sánchez pierden su valor. Si hasta ahora el debate hubiera separado lo político de lo jurídico, la oposición no tendría apenas argumentos para reprocharle nada al presidente. Pero no ha sido así y es momento de exigir a Pedro Sánchez que aplique la misma receta que han pedido para otros, incluido a Rajoy con la moción de censura.
El recorrido judicial de este asunto se antoja escaso por otros elementos que se suman al respaldo fiscal y político con el que cuenta el vicepresidente. La perjudicada en este folletín podemita es Dina Bousselham, la asesora de Iglesias y no sabemos si algo más, en cuyo móvil presuntamente robado había información comprometedora. Nadie pasa la prueba del algodón del móvil, pero no todos intentan engañar a la justicia cuando te pillan con las manos en la masa. El buen samaritano de su jefe se guardó la tarjeta del móvil de la asesora durante varios meses y cuando la devolvió ya no servía. Uno de los elementos determinantes en lo jurídico es que Dina denuncie a su jefe. No lo va a hacer y, a partir de ahí, la acusación pierde fuelle, porque en agradecimiento a los favores prestados, Bousselham le perdonará, un paso que tiene su importancia en el procedimiento.
Pablo Iglesias, como su jefe en el Gobierno, es un tipo con fortuna. En medio del escándalo, un tribunal desvía la atención, alivia el confinamiento de 5 millones de personas y retira el foco principal que apuntaba al vicepresidente. Y mientras seguimos hablando de si un juez tiene en cuenta los derechos fundamentales de los ricos pero no de los pobres, Iglesias se escabulle entre el sumidero de su particular cloaca. Al final, lo de tener cerca a gente con suerte, se contagia.