El pasado viernes asistí a la constitución de la Diputación Provincial. Reconozco que las liturgias civiles españolas no me entusiasman demasiado, por sobrias y aburridas. ¡Qué se le va hacer! Uno es un poco ‘british’, aunque no pretendo que nuestros políticos usen pelucón dieciochesco. Asistíamos a la monótona letanía de promesas y juramentos, cuando ocurrió lo inesperado. Uno de los diputados, «cuius nomen non volo calentare cascos», tras el consabido latiguillo del «por imperativo legal», nos sumergió en un confuso galimatías de proclamas, intenciones y alegatos a favor de la República (aunque no quedó claro cuál, ¿la primera? ¿la segunda? ¿la de Weimar? ¿la de Ikea?) para después aterrizar en una promesa de lealtad al rey.
Mi cerebro, rápidamente, pensó «algo no cuadra». Porque, los que aún tuvimos la suerte de estudiar BUP-COU, y nos acercamos a los rudimentos de la Filosofía, aprendimos, en la Lógica de Aristóteles, aquello del principio de no contradicción, según el cual una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Claro que, en estos tiempos líquidos, poco espacio queda ni para la lógica ni para el sentido común.
La anécdota, que me alegró la mañana, me hizo reflexionar acerca del lamentable espectáculo que ofrecen nuestros representantes políticos con estos alardes de ingenio, la mayor parte de las veces poco ingenioso, y que el resto de los ciudadanos no nos podemos permitir. ¿Se imaginan ustedes, al recibir una multa, que nos pusiéramos solemnes y dijéramos: «por imperativo legal recibo la multa pero no estoy de acuerdo con la normativa de tráfico»? Lo que los ciudadanos no podemos hacer, ¿por qué se permite a los políticos, que como representantes nuestros deben ser especialmente rigurosos en el cumplimiento de la ley?
Probablemente ha llegado ya el momento de plantearse una nueva normativa para las tomas de posesión, dado que la actual, en virtud de una desastrosa interpretación del Constitucional, ha quedado totalmente desvirtuada. Otra opción sería no utilizar ninguna fórmula, o sustituirla por un gesto, como sentarse en el escaño. Ni siquiera creo que fuese preciso mantener la actual doble opción de promesa o juramento. Quien por motivos religiosos prefiera jurar, lo puede hacer, quizá con más eficacia, en el fuero interno. Una fórmula precisa, en la que no hubiera lugar a introducir ‘morcillas’, y que quien lo hiciere, no tomase posesión del cargo hasta la correcta formulación, como es habitual en otros países de nuestro entorno. Así evitaríamos los sonrojantes espectáculos vividos en algunos municipios catalanes o vascos, o por el otro lado, irreverentes irrupciones crucifijo en mano. Por ejemplo.
La auténtica regeneración de la política vendrá cuando los ciudadanos, a los que nos corresponde la responsabilidad de la ‘res publica’, exijamos a nuestros representantes respeto al cargo que ocupan en nuestro nombre. El cambio ha de venir del trabajo honesto y eficaz, no de logomaquias incoherentes.