En la pugna, con la intervención de la Unión Europea sobre las dos iniciativas que condicionan la elección del Consejo General del Poder Judicial, podría decirse lo mismo que en las noches electorales, que todos se consideran vencedores porque hay algún aspecto en el que salen beneficiados, pero al día siguiente se ve que solo uno ha ganado.   

Para quienes veían peligrar la independencia judicial si se rebajaba a la mayoría absoluta, en lugar de los tres quintos, la elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, ha sido una victoria que el ministro de Justicia –con la oposición de Unidas Podemos- anuncie la retirada definitiva de esa norma que había sido presentada en el Congreso, y que lo vean como una victoria incuestionable que podrán atribuir a las presiones de la Comisión Europea.  Si se tiene en cuenta que ya en uno de los plenos sobre el estado de alarma el Gobierno había decidido no utilizar esa ley para forzar la renovación del CGPJ puede afirmarse que esa iniciativa había sido ya aparcada porque el Gobierno no quería que se le comparara con Polonia o Hungría, y tampoco quería abrir un nuevo frente con Bruselas, muy pendiente de que no se ponga en cuestión la independencia judicial ni la separación de poderes.  

Sin embargo, el Gobierno si ha hecho triunfar su “plan b” -en esta ocasión sí que lo tenía- al recibir el aval de la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia europea, Vera Jourova, a la ley aprobada que limita la posibilidad del CGPJ en funciones de realizar nombramientos: “La reforma que limita los poderes del CGPJ cuando tiene miembros en funciones en principio parece estar en línea con el Estado de derecho y los controles y equilibrios de poder en España”. Una respuesta a vuelta de correo a la carta remitida por más de 2.500 jueces de las tres asociaciones conservadoras de la magistratura en la que pedían a la Comisión que dijera su opinión sobre las normas del Gobierno. Con esa respuesta viene a ponerse de manifiesto que más que a Bruselas, los jueces tendrían que haberse dirigido a una dirección más cercana, para urgir la renovación de los vocales que llevan dos años y medio en funciones, y sin que su composición se compadezca con la nueva mayoría de las Cortes, como viene siendo tradicional desde 1985, asunto sobre el que Bruselas pasa de puntillas.  

El CGPJ, que es consciente de que aplicar la nueva ley le lleva a una situación de “atrofia y paralización”, gasta sus últimos cartuchos con una serie de incitativas condenadas a la melancolía, como la propuesta realizada por cinco vocales conservadores para proponer el planteamiento de un conflicto entre instituciones del Estado, o que se apoye la carta de las tres asociaciones de jueces remitidas a Bruselas. Lo que sí se da por hecho es el recurso de la ley ante el Tribunal Constitucional, que para cuando quiera decidir es de esperar que ya se hayan producido los cambios en el CGPJ.  

A lo que si urge Bruselas es a la renovación de los vocales del CGPJ, y en ese sentido solo hay un responsable de la tardanza, el PP con sus líneas rojas. Pero es previsible que la situación no mejore a corto plazo con el subidón de moral que les va a dar la victoria de Ayuso en Madrid. Pero se les acaban las excusas para no negociar y terminar con una anomalía constitucional. .