No parece casualidad que los ministerios regentados por Podemos registren una mayor previsión de gasto. Su jefe de filas, Iglesias Turrión, vicepresidente del Gobierno, tan adanista como siempre, decreta el fin de la austeridad y el comienzo de una nueva política económica. Más expansiva, se entiende. Al tiempo, el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, anuncia una década de ajustes, o sea, de austeridad, impuesta por el déficit estructural que arrastramos al alza desde la crisis de 2008.
Dos voces integradas en el discurso oficial, la del Gobierno y la del BdeE, diciendo cosas contrapuestas. Todo queda en casa. No será lo mismo si Europa tumba la parte no productiva del gasto público sin precedentes (236.331 millones de euros), previsto en los PGE 21. Puede ser, a la vista de los tutoriales sobre el acceso al maná financiero (750.000 millones de euros en seis años) para la recuperación de los países más castigados por la pandemia. Con España e Italia a la cabeza.
Es una de las muchas incertidumbres que sobrevuelan al proyecto de PGE que este miércoles entró en el telar parlamentario para su tramitación. En este caso por la impronta de UP, que se proclama campeón del progresismo social en base a la ayuda europea y la suspensión provisional de su disciplina fiscal. Como si eso fuera una barra libre en materia de gasto público.
El problema es que esa lectura la asume el socio de coalición que, a fin de cuentas, determina la supervivencia política del Gobierno de Sánchez. En la negociación de días pasados llegó a amenazar con romper la coalición si no prosperaban sus exigencias. Ahora uno y otro ya pueden vanagloriarse de comprometer el mayor gasto social de la historia. Pero con pólvora de rey, no como resultado de una boyante gestión económica en materia de crecimiento y creación de empleo.
Todo eso dejó traslucir Iglesias en su comparecencia con Sánchez para presentar en sociedad las cuentas públicas. No dieron la impresión de estar hablando en un país acorralado por el virus, económicamente roto, socialmente agitado y políticamente inestable. Los nubarrones incluso han resucitado referencias a los Pactos de la Moncloa de 1977 como algo que antes o después se convertirá en inaplazable cuestión de Estado para las fuerzas políticas, económicas y sociales del país.
Mientras tanto, se acerca el gran debate del año político. En el cuánto, el cómo y el para qué de los ingresos y los gastos en las cuentas públicas se van a retratar los partidos de base parlamentaria. Incluidos los desafectos al orden constitucional que hicieron presidente a Sánchez. Pienso en el propio Iglesias, que sueña con una España "republicana y plurinacional", y en Rufián (ERC) que reclama la abdicación del Rey y tacha de "represores" a los aparatos del Estado.