El debate sobre los costes de producción y la pelea por unos precios dignos para la uva sigue fermentando en plena vendimia y subiendo de grado a medida que las partes van pronunciándose.
Si hace unos días era el propio ministro de Agricultura quien precisaba ‘A Pie de Campo’ que esta discusión «va con todo el mundo», en referencia también a las cooperativas vitivinícolas, más explícito ha sido esta semana el secretario general Fernando Miranda, tras despachar a las organizaciones agrarias en la mesa del vino y reclamar soluciones urgentes en el marco de la ley de la Cadena Alimentaria. «El Gobierno no puede fijar ni directa ni indirectamente, precios mínimos de compra; existen referencias de costes de producción que puede dar la estadística del Ministerio de Agricultura, o las comunidades autónomas, y en base a esas referencias plantear la negociación, porque además el coste no es igual para un agricultor que para otro».
Hasta ahí, poca novedad en el argumentario pese a las esperanzas que generó la revisión de la norma tras las tractoradas. Pero Miranda añadió: «Eso lo tienen que tener en cuenta los agricultores y las bodegas, o los agricultores también dentro las cooperativas de las que son propietarios, porque a través de las mismas manejan el 60 por ciento del vino que se produce en España».
El porcentaje quiere decir todo, y a buen entendedor, pocas palabras faltan más. Tanto es así que la declaración ha desatado un temblor en la base de estas empresas de economía social que hasta ahora se habían escudado en el sistema de liquidación a doce meses vista, una vez que se había vendido el vino. Y no es que esos consejos rectores estén en contra de que se busquen referencias oficiales para calcular la rentabilidad de la uva que ellos mismos producen y cosechan, sino que ahora les toca hacer más pedagogía que nunca, en medio de un tsunami de pandemia, para explicar al socio que piensa que basculando el remolque termina su compromiso, que sin embargo, el resultado de la ecuación para cerrar con pérdidas o beneficios no viene determinado por el kilogrado en su caso, sino por el embotellado o las ventas de granel que consigan defender en el mercado a lo largo del año.
Asaja no quiere dejar pasar la oportunidad de alentar esta discusión sectorial, aprovechando el viento que sopla a favor desde Atocha, a pesar de que sabe que muchos de sus presidentes son también agricultores, y por lo tanto damnificados, ya estén en un lado del rifirrafe, o en el contrario.
Quizás, para evitar más tensión, lo más fácil sería que la Interprofesional del Vino de España (OIVE) lograra un consenso para mapear el viñedo de todas las regiones, de las principales comarcas y denominaciones de origen, y que tuviera entidad legal suficiente como para que bodegueros y productores reconocieran la validez de esos costes. Haría falta mucha voluntad empresarial, eso sí.
Pero ni unos ni otros, han logrado todavía ese consenso que despejaría dudas, desconfianzas y denuncias, o evitaría al menos que otros pidan un cambio en el sistema de liquidaciones de las cooperativas que pocos gerentes están dispuestos a negociar.