El Ayuntamiento de Zamora, en manos de Izquierda Unida, acaba de anunciar un impuesto a los perros: nueve euros anuales por cada animal censado. La medida, totalmente normalizada en países como Alemania o Países Bajos, ha provocado indignación a los dos lados de la horquilla ideológica. Ha conseguido poner de acuerdo a votantes de Vox y a votantes del Pacma.
La presencia de mascotas en nuestras ciudades supone un gasto innegable para las arcas públicas en forma de espacios habilitados, servicios de limpieza, ‘buzones’ de excrementos y deterioro del mobiliario urbano. Y los ayuntamientos, cuyas vías de ingresos estables se reducen al IBI y el impuesto de circulación, van a sentirse muy tentados.
En muchos distritos de Madrid hay ya más perros que niños. En total, en España tenemos 20 millones de mascotas censadas. A nueve euros por cada una, la recaudación rondaría superaría los 150 millones. De esa cifra, es cierto, hay que descontar el gasto administrativo derivado de la recaudación: aunque algunos ayuntamientos disponen ya de estructuras que solo tendrían que adaptar ligeramente, a otros -los pequeños- les resultaría más difícil.
La medida abre un debate interesante sobre los límites que debemos ponerle al estado a la hora de meternos la mano en el bolsillo, un asunto que habrá que afrontar a corazón abierto en los años venideros si queremos mantener en estado del bienestar tal y como lo conocemos ahora mismo.
Especialmente en sitios como España. Según el Banco Central Europeo somos el país de la UE con menos margen para gastar y/o bajar impuestos, por la terrible combinación de déficit y deuda, una herencia envenenada de la crisis económica. O desmontamos el chiringuito o aquí acabará pagando hasta el último hámster.