Esta semana está previsto que se convoquen las elecciones a rector en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Al margen de quién se presente, el equipo de gobierno que salga de estos comicios deberá incluir en su agenda uno de los principales retos de la universidad española: lograr una financiación suficiente para I+D, que deberá venir acompañada de una mayor implicación de las empresas. ¿El fin último? Captar y retener el talento, que aún sigue ‘fugándose’ en masa, y revertir los frutos de este talento en la economía productiva, para mejorar la competitividad de nuestra economía.

Un solo dato explica el peso de la universidad en materia de investigación y la necesidad de implicar en ella a las empresas, cuyo dinero y experiencia son imprescindibles para dar este salto cualitativo en materia de investigación.  Según el informe ‘La Universidad en cifras’, presentado a principios de mes por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), «las universidades realizaron en 2017 el 82% de la producción científica».

Un avance que se han llevado a cabo pese a que España ha reducido en la última década el gasto en I+D hasta casi la mitad de la media de la Unión Europea y la OCDE.  Pero, como denuncia la propia universidad, todo tiene un límite y «resulta muy complicado mantener esa progresión cuando la financiación de la I+D se mantenía en 2017 un 22 por ciento por debajo de la que teníamos en 2009». La pregunta aquí es clara, ¿qué no se podría hacer con más fondos?

La UCLM no es ajena a esta situación. En 2012 sufrió un recorte brutal (su presupuesto se redujo a la casi la mitad) y entre 2016 y 2018 mantuvo una ‘batalla’ con la Junta de Comunidades para lograr un nuevo marco financiero, que finalmente se fijó en 689 millones de euros entre 2019 y 2022.

No hay duda que la universidad debe recibir de una vez por todas la consideración -y los fondos- que se merece y, para ello, también hay romper algunos mitos, como  el de que es una suerte de ‘fábrica de parados’.  Nada más lejos de la realidad. Según el ya citado estudio de la CRUE, «la universidad ha sido el principal vector de creación de empleo durante la crisis y la reciente recuperación económica», con 1.135.000 puestos con requisitos de formación superior creados, el 56% del total. Es más, los trabajadores con Educación Superior tienen una tasa de desempleo un 39% inferior a la de aquellos que solo tienen Secundaria.

Se hace necesaria la tantas veces reclamada Ley de Universidades en el ámbito estatal. Y en el ámbito autonómico, no vendría mal que el anteproyecto de Ley de Investigación en el trabaja la Junta, incluyera un marco estable de colaboración entre la universidad y las empresas lo suficientemente flexible. O lo que es lo mismo, herramientas útiles para conseguir que la investigación no dependa solo de las cuentas públicas. Se verá.