En la colaboración publicada en estas páginas el 22 de marzo, decíamos que para el humanismo cristiano la comunidad puede ser política (los poderes públicos) o social (la sociedad civil), y que la relación entre ellas debe regirse por el principio de convivencia que evite el conflicto, lo que supone respetar los ámbitos de actuación de cada una de ellas. El humanismo añade, además, un criterio para delimitar tales ámbitos: la subsidiariedad, que supone que debe actuar quien esté en condiciones de hacerlo con mayor eficacia, con un coste menor, y con mayor cercanía a los ciudadanos.
El aspecto más miserable, execrable, indigno y repugnante de la pandemia que nos asola es aprovecharse de ella para intentar colar proyectos ideológicos. Cuando P. Iglesias declara que “la enseñanza que debe sacarse de la pandemia es que debe prevalecer lo público”, está proponiendo implícita y subliminalmente, un objetivo de nacionalización de empresas privadas.
Pero si hay que sacar alguna enseñanza de la pandemia es precisamente la contraria,  que la gestión pública ha sido desastrosa y que nos irá mejor cuanto menor sea lo público. Y que han sido las empresas privadas (por ejemplo Inditex) quienes han sabido gestionar mejor la logística del material sanitario.  
¿Y qué es lo que se quiere nacionalizar? ¿Los hospitales, las clínicas, los laboratorios, las farmacias, la distribución de medicamentos? Te imaginas, amable lector, lo que habría sido la pandemia si todo lo anterior dependiese del Ministro Illa. Sin restar ni un ápice el mérito de la sanidad pública, afortunadamente competencia de las Comunidades Autónomas y no del Gobierno, queda por reconocer el mérito de la sanidad privada.
Las nacionalizaciones son siempre la tentación de los totalitarismos. Aprovechando el temor y la angustia de los ciudadanos, se quiere vender recetas y soluciones que se presentarán como nuevos descubrimientos o soluciones sociales casi mágicas, que nos conducirán a un mundo arcádico, en el que por supuesto habrá unos que manden por el bien de los demás y otros, los demás, que obedezcan por su propio bien. Se propugna así un Estado benefactor, que todo lo puede, todo lo ordena y de todo dispone. El Estado sustituirá a la sociedad civil y acaparará no sólo el poder político sino los recursos económicos y los medios de comunicación y que, celoso de nuestra libertad, no nos dejará dar un paso sin que él lo permita, siempre para nuestra mejor protección.
Pocos recordarán que el mayor y mejor periodo de bienestar en España se produjo cuando a partir de 1996 se inició un gran programa de privatizaciones. El impresionante desarrollo de nuestros teléfonos móviles, por ejemplo, no habría tenido lugar sin la privatización de Telefónica.
Es preciso recordar también que nuestra Constitución reconoce (art. 38), como sistema económico, la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, que implica la regulación (no la intervención) de los sectores económicos, y dentro de tal regulación la libre competencia.
Si se quiere la convivencia pacífica entre los poderes públicos y la sociedad civil, deben respetarse los ámbitos propios de actuación. Y si se quiere eficacia para combatir la pandemia, aplíquese el principio de subsidiariedad. Esto es lo que defiende el humanismo cristiano.