El Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, tiene en marcha negociaciones y los primeros acuerdos con Hacienda y con la Sociedad de Caución Saeca para modificar y mejorar algunas de las condiciones actuales que afectan a las ayudas a los jóvenes para acceder a una primera instalación en la actividad agraria. Estas medidas afectarían a cuestiones como los abonos a Hacienda o los peajes en los derechos de pago. Todo ello se enmarca en el contenido que contemplará el documento final, que actualmente están negociando Agricultura, las Comunidades Autónomas y organizaciones agrarias dentro del grupo de trabajo sobre relevo generacional y rentabilidad de las explotaciones, para incluir en el futuro Plan Estratégico donde aplicar la nueva reforma de la Política Agrícola Común.
La reducción de agricultores y ganaderos como trabajadores por cuenta propia es uno de los fenómenos que se han acentuado en las últimas décadas en el sector agrario, consecuencia de los procesos de mecanización en el laboreo de las explotaciones. Según los datos manejados en la última encuesta sobre población activa, y elaborados por Unión de Uniones entre 2010 y 2018, aunque se ha mantenido el número global de ocupados en el conjunto de la actividad agraria, los autónomos han pasado de una media de 345.500 a solamente 300.050, mientras que el número de asalariados ha pasado de una media de 438.700 a 512.000.
Sin embargo, las preocupaciones más importantes no se referían al número de ocupados, sino a la edad de ese colectivo ante la no existencia del suficiente relevo generacional, como señalan los datos manejados por las diferentes administraciones, española y comunitaria. Según las cifras de los pagos directos del Fega en 2016, sobre poco más mas de 700.000 peticiones de ayuda, el 38,14 por ciento tenía más de 65 años, un 52,9 por ciento se hallaban entre los 40 y los 65 años, solo un 8,3 por ciento tenían entre los 25 y los 40 años, y un 0,62 por ciento, menos de 25 años. Desde Coag se advierte que, a este ritmo, en los próximos 10 años, otras 200.000 personas dejarán de ser activos, por lo que sería necesario, para no deteriorar más la situación, que cada año se incorporaran 20.000 jóvenes.
Frente a esta situación, que afecta a todos los países comunitarios,  se han tratado de llevar a cabo diferentes medidas desde organizaciones agrarias y de las Administraciones, tanto desde una perspectiva económica como de mejora de la imagen de la actividad para sumar vocaciones.
En esa línea estaba la iniciativa de UPA destacando el orgullo de ser agricultor, la campaña de Coag donde un chaval decía a su madre que quería dedicarse al campo, el premio de Asaja al mejor joven agricultor o la campaña oficial en tiempos de Miguel Arias Cañete tratando de aupar la figura del agricultor al servicio de la sociedad.
 En base a fondos públicos, fundamentalmente comunitarios, se halla el plan para la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria aplicado entre 2007 y 2013 con un presupuesto de 386 millones, que supuso añadió algo más de 13.000 nuevos pares de manos a los sembrados. 
En este momento está en marcha el plan de 2014 a 2020 para el que figuran unos fondos de 753 millones de euros, 567 procedentes de los recursos comunitarios, con el objetivo de incorporar a la actividad a unos 20.000 jóvenes, y todo parece indicar que no se va a cumplir ese objetivo. 
La realidad es que, además de las ayudas previstas por la normativa comunitaria, ese dos por ciento del sobre que reciba cada país y el techo de los 70.000 euros, lo importante es tener una actividad rentable y disponer de un medio rural donde los servicios, desde la alimentación a la sanidad o a la educación de los hijos, sean atractivos para las familias.
En los últimos años, para no irnos a pasados más remotos, desde el Ministerio de Agricultura se han puesto sobre la mesa diferentes propuestas globales para apoyar a los jóvenes y a las mujeres, lo más reciente desde la llamada Estrategia para la Modernización y Diversificación Rural. En ese marco se contemplaban un total de 38 medidas fundamentalmente en materia de fiscalidad y de créditos, que se plasmaron en documentos entre 2017 y junio de 2018.
En este momento, con un nuevo gobierno en Atocha, pero prácticamente con el mismo equipo al frente, Agricultura ha logrado ya algunos compromisos y mantiene negociaciones para suscribir otros, sobre todo en materia de fiscalidad, IRPF, créditos, sin olvidar transferencia del conocimiento o digitalización.
En esa línea, ya se habrían logrado acuerdos con Hacienda para que los jóvenes que hayan accedido a una primera instalación, cuando reciban los fondos, tengan un plazo de cinco años para pagar lo que actualmente se les reclama automáticamente como un ingreso a efectos del Impuesto sobre la Renta. En la misma línea, se modificará la situación actual por la que el fisco reclama los cobros justamente cuando se conceden las ayudas, sin esperar a que la misma se haya recibido. Se pretende acabar con los pagos de peajes por derechos, por ejemplo cuando pasan de padres a hijos.
En apoyo a la instalación de los jóvenes, se procederá la modificación de la ley sobre Modernización de Explotaciones con el fin de articular medidas para poder dar más apoyos a este tipo de explotaciones, aunque no sean prioritarias. Objetivo de Agricultura es mejorar la política de los créditos vía el Instrumento Financiero de Gestión Centralizada que ya función a en algunas Comunidades Autónomas como Castilla y León. Para Agricultura es fundamental el apoyo con una fuerte política de asesoramiento, la transferencia del conocimiento a pie de explotación como una ayuda para la adopción de todo tipo de decisiones en relación con la actividad. En el mismo objetivo, se quieren impulsar los procesos de digitalización para lo que funcionarán además oficinas en el medio rural.