El humanismo, que tiene como objetivo la defensa de la persona, se preocupa también de que se garantice el contenido de esa protección. Ello es consecuencia de que la persona a proteger tiene una dignidad de la que se deriva su libertad y sus derechos naturales.
El sistema político que mejor defiende a la persona, según el humanismo, es la democracia, que se apoya en tres pilares: la separación de poderes; el Estado de Derecho y la libre alternancia de los Partidos Políticos en el poder.
La división de poderes no es una mera distribución de tareas y competencias entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino pretende que los tres poderes se controlen y se limiten recíprocamente, en una especie de ‘balanza del poder’.
El Estado de Derecho significa que todos los poderes públicos, en el ejercicio de sus competencias, están sometidos a la Ley. No se puede afirmar que una mayoría parlamentaria está por encima de la Ley, o que el Estado de Derecho cede ante la democracia. Esto es confundir la parte con el todo.
La libre alternancia en el poder significa que deben existir elecciones libres  y periódicas, respetándose los resultados, de manera que un mismo Partido Político no se perpetúe en el poder.
Esta es la teoría que defiende el humanismo. Pero, ahora, se trata de  aplicar esa teoría a la realidad de España. Y el interrogante es claro: ¿existe en España una sólida democracia? Para responder deben examinarse cada uno de los pilares señalados.
No puede afirmarse que en España exista una autentica separación de poderes. El Legislativo es controlado por el Ejecutivo a través de las mayorías y de la disciplina de voto. A su vez, el Judicial es controlado, en sus más altos niveles (Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional), porque los Partidos se reparten los nombramientos de Magistrados a través de cuotas, según las mayorías. No es que los Jueces no tengan independencia al juzgar los casos normales y concretos. Pero cuando se trata de casos que rozan la política o de gran repercusión mediática, entonces se da una clara sumisión y dependencia al Ejecutivo de turno.
El segundo de los pilares, el Estado de Derecho, podemos afirmar que se cumple, en términos generales. Las diversas Administraciones Públicas actúan conforme a Derecho y sus actos son controlados por los Tribunales. El tema es distinto en la situación actual de Cataluña, cuyo movimiento independentista, hace tiempo, viene incumpliendo las decisiones de los Tribunales. En estos casos falla este pilar de la democracia y se crea una desigualdad discriminatoria con otras regiones de España.
Finalmente, el tercero de los pilares, sí se cumple plenamente en España. Desde la Constitución de 1978 se han producido catorce procesos electorales de ámbito nacional, y numerosos de ámbito autonómico y local, y ha habido alternancia en el poder de los diversos Partidos Políticos.
Y la respuesta al interrogante de si España tiene una democracia sólida debe responderse negativamente, España tiene una democracia líquida.