Se suceden las noticias judiciales que afectan a la situación política de Cataluña que causan preocupación, perplejidad y de las que no se conoce el alcance que pueden tener para resolver un conflicto enquistado, si resulta que el Gobierno se pliega a la principal petición de los partidos independentistas, lograr la libertad de los políticos presos del procés como moneda de cambio para aprobar los Presupuestos Generales del próximo año con la mayoría de la investidura, y enmendando al Tribunal Supremo.
El Rey Felipe VI no asiste mañana, por primera vez, a la entrega de los despachos a los nuevos jueces egresados de la Escuela Judicial, sin que desde el Gobierno se haya explicado esa decisión, si es para salvaguardar su seguridad, lo que supone un despropósito, o si es ara evitar nuevos ataques a la Corona en su presencia, o por alguna causa más espuria. Quim Torra se niega a declarar ante los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque, afirma, no reconoce a un tribunal “que es español y no neutral”, en la segunda causa por presunta desobediencia en la que está encausado, por no retirar símbolos independentistas de la sede del su Gobierno en periodo electoral. Para los próximos días se espera la sentencia del Supremo que pude confirmar su inhabilitación, pistoletazo de salida para protestas a corto plazo y la puesta en marcha del reloj electoral en Cataluña.
Además, está en vía de estudio la reforma del delito de sedición -y el de rebelión. en el Código Penal por el que fueron condenados los líderes del procés, que conllevará una reducción de las penas impuestas por el Supremo al aplicarse con carácter retroactivo las ventajas que pueda conllevar para ellos. El Gobierno está decidido a que la reforma esté aprobada antes de finales de año, Y en el Parlamento Europeo, El eurodiputado del PP Javier Zarzalejos presentó este lunes en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo la propuesta de reforma de la orden europea de detención y entrega (euroorden)de la que era ponente en la que pide su ampliación para que se prevea su aplicación automática a los acusados de atacar la integridad constitucional de un Estado miembro, con pocas posibilidades de que salga adelante.
Para añadir un nuevo ingrediente a este totum revolutum judicial, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo acaba de hacer el anuncio, por sorpresa, de que la semana próxima se comenzará a estudiar el indulto solicitado sobre varios de los condenados por el procés. Una revelación que no suele producirse y que como primera consecuencia supone elevar la tensión entre el Gobierno y los tres partidos de la derecha, que tendrá sus derivadas cuándo se conozcan los informes preceptivos pero no vinculantes de la Fiscalía y del Tribunal Supremo, sin que se conozca el alcance que el Ejecutivo quiere dar a una medida de gracia que el propio Pedro Sánchez dijo que no se aplicaría.
En política a veces las cosas son lo que parecen y esta activación de la medida de gracia y la reforma del Código Penal están directamente vinculada con la aprobación de las cuentas públicas y el deseo de Sánchez de favorecer el proceso de “diálogo y ley” para resolver el expediente catalán. Lo que no dijo es que lo haría desdiciéndose y cambiando la ley a conveniencia.