La historia se repite, estamos acostumbrados a que en campaña electoral se hable de mantener o reducir los impuestos y, caso de que alguien hable de subirlos, siempre se trata de hacerlos a las empresas del IBEX 35 y a los ‘ricos’, lo de las empresas del IBEX 35 es un brindis al sol, pueden jugar con economías de escala y terminar tributando donde mejor tratamiento fiscal tengan o jugar con domicilios fiscales de empresas instrumentales y sino que se lo digan a las Google, Facebook y Microsoft de turno. Respecto a lo de los ‘ricos’ ¿qué consideramos ricos? ¿los que ganen por rentas del trabajo más de 100.000 euros anuales? Estamos hablando de un porcentaje tan bajo de población que poca incidencia tendrá en las arcas publicas.
Al final la realidad se impone y ya el Gobernador del Banco de España ha dado un primer mensaje «hay que reducir los beneficios fiscales a empresas y familias». Las reducciones a empresas pasan, fundamentalmente, por modificar las reducciones en el Impuesto de Sociedades por reinversión o por inversión en I+D, lo que tiene el efecto perverso de limitar el incremento de productividad a medio y largo plazo, lo que es un error estratégico brutal. Las reducciones a familias van a pasar, casi seguro, por modificar los tipos reducidos del IVA, lo que implica mayor coste en la compra de productos y servicios más necesarios para el común de la población. Por otro lado, ante la advertencia de la Comisión Europea de que el déficit público de España, aunque se reduzca en 2019, se va a incrementar con los compromisos adquiridos en el aumento de determinados gastos, el ejecutivo español ha respondido que se va a proceder a evaluar «trece beneficios fiscales» que ascienden a 57.187 millones de euros anuales, de los que seis están vinculados con el IRPF, tres con el Impuesto de Sociedades, tres con el IVA y uno con los Impuestos Especiales. Viendo la recaudación total vía tributos, demasiados millones me parecen, pero si el propio ejecutivo lo dice, así será. Por lo que, lo dicho, aviso a navegantes, a pagar más. Mientras la reestructuración de la administración pública, que permitiría más eficiencia en el gasto, sigue sin plantearse siquiera.