Logrado el difícil acuerdo presupuestario de reconstrucción económica de la UE, y el marco financiero plurianual de donde saldrá el dinero de la PAC, el Ministerio quiere ir al grano. Quizás para esquivar debates estériles sobre los números que son ya los que son, o porque lo verdaderamente importante viene ahora cuando haya que consensuar el sistema de reparto. 
A tenor de las reacciones de los propios consejeros autonómicos de agricultura en la primera reunión de trabajo con el Gobierno tras la Cumbre, y más allá del argumentario político que hayan manejado para hablar del dinero, una mayoría quiere pasar a la acción para desarrollar el programa de aplicación de la nueva Política Agrícola Común por la oportunidad que tienen de corregir en sus territorios los desequilibrios de la que todavía está en vigor. Es el caso de Castilla -La Mancha.
En una disposición similar están las cooperativas agroalimentarias y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), incluso la Unión de Uniones, frente a las organizaciones agrarias Asaja y Coag -las más críticas con el apreciado ‘recorte’- al agarrarse con fuerza al diferencial de casi 50.000 euros que ven en los nuevos fondos agrícolas y de desarrollo rural de toda Europa donde echan en falta un 12 por ciento. Planas rebate las cifras, y asegura la ficha financiera de España será de unos 47.600 millones, «similar a la actual», o incluso de 50.000 si sumamos los fondos del Estado y autonómicos. 
Pero para salir de dudas, la pregunta es más sencilla. ¿Si yo cobro hoy 2.100 euros de ayudas, cobraré los mismos 2.100 en el año 2023? Muchas cosas van a cambiar desde luego, porque habrá subvenciones que se refundan en nuevos conceptos como la renta básica que, según el Ministerio de Agricultura, sustituirá al actual pago básico y pago verde o los pagos redistributivos. Además, para cumplir con los requisitos medioambientales del ‘New Green Deal’, vendrán los ecoesquemas. Y aunque dicen que serán voluntarios, ¿quién querrá quedarse fuera de unos programas que, aunque llenos de condicionantes, pueden acaparar hasta el 40 por ciento de los fondos?
La simplificación territorial de regiones agronómicas moverá también dinero entre los beneficiarios porque trata de encontrar una formula de asignación más equitativa para que un perceptor no cobre más por regar en Sevilla que en Argamasilla de Alba (Ciudad Real), por ejemplo. En ese sentido, desaparecerán las más de 50 regiones agronómicas actuales.
Asimismo, los derechos históricos generados por los rendimientos de hace tantos años ya no serán base de cálculo. Aquí viene otra revolución, aunque esté en el aire cuándo suprimirlos como reconoció el Ministro que dijo que son un impedimento para la llegada de jóvenes al sistema de pagos.
No se descuida tampoco a la masa de ‘pequeños productores’, muchos de ellos de mayor edad, que cumplen un papel medioambiental y sostenible en el medio rural donde trabajan pese a su modesta actividad agrícola o ganadera diaria. De hecho, son casi la mitad de los que perciben ayudas a razón de 1.250 euros anuales o menos que ahora encontrarán una nueva formula por la que podrían ver reforzada la subvención si tienen entre 6 y 10 hectáreas ya que proponen multiplicar el valor por unos 250 euros por cada una de ellas.
Que nadie pierda de vista al modelo de convergencia o el techo por explotación que se fija ahora en 100.000 euros como máximo (aunque se compense en función del empleo que genere la explotación; 18.000 euros deducibles por trabajador). Y que nadie se olvide de que la PAC financia todavía cosas que quizás desaparezcan para siempre.