En estas circunstancias de incertidumbre y vacío de ideas, como ocurre casi siempre, se propone imitar las buenas experiencias del pasado, y como sucede con los Pactos de la Moncloa (9 y 27 de octubre de 1977) , el recuerdo del mito deforma su verdadera naturaleza.
Los Pactos de la Moncloa son la clave de proceso constituyente español. Por eso su traslado mecánico a las circunstancias actuales es sencillamente irreal. En octubre de 1977, tres meses después de las primeras elecciones democráticas, no se sabía aún si los 350 diputados y 208 senadores iban a convertirse en constituyentes, pues la Ley de la Reforma Política no preveía ese aspecto. El Congreso y el Senado elegidos el 15 de Junio podían quedarse en cámaras que, como mucho, harían reformas en la legislación producto del franquismo. 
En aquel momento el Estado no era democrático. Los 350 diputados y los 208 senadores eran una isla democrática, rodeada por un profundo mar de personas e instituciones surgidas de un Estado dictatorial. Ni siquiera el gobierno de Adolfo Suárez era democrático, pues aunque había ganado las elecciones (por mayoría relativa), su nombramiento había sido decidido por el Rey Juan Carlos, con las leyes del dictador. 
En octubre de 1977, la frase famosa de Torcuato Fernández Miranda, el primer reformador del rey Juan Carlos, «de la ley a la ley», empezaba a mostrar serias insuficiencias. Un imprevisto incidente parlamentario aceleró definitivamente las contradicciones de aquella situación. En septiembre, la policía había maltratado a un diputado socialista por Santander, Jaime Blanco, y el Grupo Socialista presentó una moción en el Congreso de los Diputados para destituir al ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, y al gobernador civil de Santander. 
La moción socialista fue apoyada por Manuel Fraga Iribarne, y su grupo de Alianza Popular. Como el Gobierno de Suárez no tenía mayoría en el Congreso (aunque sí en el Senado), aquella votación encendió todas las alarmas. De pronto se vio que la legalidad de la reforma política podía desaparecer ante la legitimidad democrática del nuevo Congreso de los Diputados. ¿Qué pasaría si la Cámara Baja aprobaba la destitución de un ministro, o incluso del Gobierno entero?
El 7 de octubre de 1977, el Gobierno de Suárez presentó ante el Congreso su primer proyecto de ley, en el que se pretendía regular nada menos que la censura del Gobierno por las dos cámaras democráticas. 
Llamo la atención sobre las fechas: 7 de octubre y la redacción de los Criterios previos de los Pactos de La Moncloa, el 9 octubre de 1977. ¿Qué sucedió en esos dos días? 
Hace ya años di a conocer mis investigaciones sobre el Diario de Sesiones de aquellos días. Ahora solo resalto la audacia de Adolfo Suárez provocando un gran cambio histórico. El líder de UCD pudo haber completado su mayoría parlamentaria con el grupo de Alianza Popular de Fraga, pero prefirió hacerlo con los comunistas de Santiago Carrillo. El líder comunista, durante el debate parlamentario de la ley de censura gubernamental, dejó caer que «por la mañana» del día siguiente vería en La Moncloa al presidente Suárez para «tratar de principios mínimos comunes». El día siguiente sería el 8 de octubre. 
Suárez sorprendió a socialistas y a populares. Miguel Boyer, entonces colaborador estrecho de Felipe González, me confesó muchos años después que Suárez les había irritado con su jugada con Carrillo. Habrá que recordar que el «compromiso histórico», el entendimiento de los comunistas italianos con la democracia cristiana, ignorando a los socialistas, era el gran temor del PSOE de la Transición.
Felipe González se empleó a fondo para lograr que sus diputados y senadores aceptasen negociar unos pactos con Suárez en La Moncloa. Recuerdo una tarde entera de discusiones de Felipe González con los grupos socialistas, y que al final nos inscribimos todos en distintas comisiones de trabajo, de cara a la negociación con el gobierno de Suárez. 
Finalmente, el 29 de octubre, se firmaron los Pactos, que tuvieron dos capítulos. El primero, Saneamiento económico, contemplaba medidas para hacer frente a la crisis, desde crear el impuesto de las personas físicas, hasta contener la inflación y la negociación colectiva. El segundo, Acuerdo sobre programa de actuación jurídica y política, donde se estableció un programa de democratización estatal que hiciera posible el proceso constituyente.
Manuel Fraga y su Alianza Popular no firmó el segundo acuerdo, el que hacía precisamente posible aprobar una Constitución que europeizase España. Sus nostalgias o sus prejuicios reaccionarios impidieron al político gallego ver el futuro político de nuestro país. Es una pena que José María Aznar incurra en el mismo error, cuarenta y tres años después, al descalificar otros posibles Pactos de La Moncloa, negándose a que el PP actual busque un consenso para hacer frente al futuro incierto de España. Pero España hoy no es un Estado democrático naciente. Todo lo contrario. España necesita un gran pacto, que se fundamente en su sociedad civil, asumiendo que su gran pluralismo, político y autonómico, tiene que formar parte de ese deseado acuerdo (y que tendrá que ser europeo). Pactos distintos, el mismo consenso.